El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 22 de septiembre el Real Decreto que establece el procedimiento para reconocer como cotizados a la Seguridad Social los años de ministerio de los pastores evangélicos anteriores a su integración en el Régimen General en 1999.

Según la nota del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los ministros de culto evangélicos y adventistas (en este caso, antes de 1987) que ejercieron en España antes de esas fechas “tendrán la posibilidad de recuperar ese tiempo como cotizado a efectos de su acceso a las pensiones de jubilación, incapacidad permanente o muerte y supervivencia”.

La ministra Elma Saiz ha afirmado que se trata de “una medida que hace justicia con un colectivo de personas, perseguido durante la dictadura, que desarrolló su actividad en un momento en el que no tenían el paraguas de protección de la Seguridad Social, y que ahora, por fin, verá mejorada su acción protectora”.

La valoración de FEREDE

La secretaria ejecutiva de FEREDE, Carolina Bueno, ha manifestado su “alegría de ver cumplida esta promesa tras tantos años de trabajo, esfuerzo y peticiones”, aunque “contenida a la espera de conocer los detalles del Real Decreto”.

Bueno ha recordado que más de 1.200 pastores ejercieron su ministerio durante el franquismo y la Transición sin poder cotizar, y que casi 700 han fallecido sin ver reconocidos sus derechos, dejando a sus viudas en situación de desamparo. “Podremos hablar de verdadera reparación cuando conozcamos el alcance concreto de la norma y podamos verificar que responde a las sentencias judiciales y a las legítimas expectativas de nuestros ministros jubilados”, ha añadido.

Dos condenas judiciales

El caso de los pastores jubilados sin pensión ha sido uno de los temas habituales presentados ante el Gobierno en este siglo por parte de los evangélicos. El 3 de abril de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en el caso del pastor Francisco Manzanas Martín, a quien se negó una pensión por no computarse sus años de ministerio anteriores a 1999, mientras que la ley sí permitía ese cómputo a los sacerdotes católicos secularizados desde 1977. Estrasburgo apreció discriminación por motivos religiosos.

En noviembre de 2017, el Tribunal Supremo anuló parcialmente el Real Decreto 839/2015, recurrido por FEREDE, al considerar que mantenía un trato discriminatorio respecto al clero católico.

Años de gestiones

En noviembre de 2021, FEREDE planteó el asunto al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se mostró dispuesto a trabajar en él. Desde entonces la federación ha mantenido contactos con grupos parlamentarios, con la Fiscalía de Delitos de Odio y con la Dirección General de Libertad Religiosa. En 2025 recibió el respaldo de la Mesa de Diálogo Interconfesional y de la Alianza Evangélica Mundial, que llevó la cuestión ante la ONU a instancias de las gestiones que la Alianza Evangélica Española ha hecho a lo largo de los años a través de la Delegación Permanente que la entidad evangélica mundial tiene en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

El pasado 22 de mayo, en el acto por el 70º aniversario de la Comisión de Defensa Evangélica y el 40º de FEREDE en el Congreso, el subsecretario de Presidencia, Alberto Herrera, anunció que el texto se enviaría al Consejo de Estado como “último paso previo” a su aprobación, y reconoció la “deuda histórica” del Estado con estos pastores.

Próximos pasos

El Real Decreto entrará en vigor tras su publicación en el BOE. FEREDE ha anunciado que analizará entonces los requisitos de acreditación, plazos, cuantías y procedimiento, y orientará a iglesias y pastores afectados sobre los trámites.

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