Este pasado jueves fue el turno de España en el examen periódico que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) realiza cada cinco años sobre los 193 países que lo conforman.

Este es un proceso establecido para revisar la situación de los derechos humanos en los 193 países que son miembros de la ONU. Otros países tienen la capacidad de preguntar por circunstancias específicas, atendiendo a los informes que reciben por parte de entidades de la ONU, así como organismos de vigilancia independientes.

Entre estos organismos que vigilan la situación de los derechos humanos se encuentra la Alianza Evangélica Mundial (WEA), que presentó su informe sobre la situación de España atendiendo a diversos aspectos en los que trabajó mano a mano con la Alianza Evangélica Española.

En una entrevista con Protestante Digital, el secretario general de la Alianza Evangélica Española, Xesús Manuel Suárez, explicó el trabajo llevado a cabo para elaborar estos informes -en colaboración con el Consell Evangèlic y otras entidades e instituciones evangélicas-. “La libertad religiosa es una de las primeras libertades, y sin ella es difícil mantener un sistema democrático. Aunque en España hay una ley de libertad religiosa, hay cuestiones que han quedado sin resolver. Algunos consideramos que la transición democrática no acabó de completarse en algunos aspectos, y uno de ellos es la igualdad a nivel de entidades religiosas y sobre todo con respecto a la presencia de creyentes en la vida pública”, explicó.

Restrictiva ley de lugares de culto en Cataluña

España ha aceptado dos recomendaciones realizada por la WEA. La Alianza Evangélica Mundial ha expresado su “beneplácito por la aceptación de España de la recomendación de revisar la legislación catalana sobre lugares de culto”, para que sea reformada “conforme al derecho internacional” y respetando “los derechos humanos”, expresó Markus Stefan Hofer, representante de la Alianza Evangélica Mundial, en su alocución en la sesión celebrada en Ginebra.

“Nuestros informes han resaltado que las leyes de culto en Cataluña establecen estándares de seguridad arbitrariamente altos para los lugares de culto no católicos”, añadió. “Algunos municipiuos, como L’Hospitalet de Llobregat, incluso han aprobado una legislación más restrictiva y severa. El resultado es que la mayoría de congregaciones locales no pueden cumplir los requisitos y corren el riesgo de ser cerradas”.

La normativa sobre lugares de culto en Cataluña que exige unas adaptaciones muy difíciles de cumplir para las iglesias evangélicas tiene un plazo de entrada en vigencia a partir del 11 de agosto, aunque se espera que la moratoria se prorrogue.

Discriminación de pastores

Otro de los puntos aceptados por España se refirió a la situación de discriminación hacia los pastores evangélicos que, durante la etapa franquista, no pudieron cotizar al no considerarse su oficio. “Instamos a España a implementar la recomendación aceptada para garantizar la libertad de religión y creencia, tanto en la ley como en la práctica, con perspectiva a hacer realidad el derecho de una seguridad social para todos, incluidos los ministros protestantes que no han tenido acceso al sistema de pensiones”, expresó Hofer.

“Los pastores jubilados y sus familias sufren aún las consecuencias de una ordenanza discriminatoria establecida durante el régimen de Franco. A pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2012 determinó que España estaba violando el derecho a la propiedad junto al derecho de no discriminación, la situación sigue sin haberse resuelto, dejando a docenas de pastores jubliados fuera del sistema de pensiones. Hacemos un llamado la gobierno de España para que tome medidas rápidas para remediar definitivamente esta situación”, concluyó.

Respuesta de España

El gobierno de España, que había recibido las recomendaciones sobre derechos humanos a principios de 2020, ha respondido a las solicitudes de los grupos de la sociedad civil en una carta enviada el 2 de julio.

En su respuesta, declaró que aceptaba las dos recomendaciones de la Alianza Evangélica Mundial. 

Cristóbal González-Aller Jurado, representante de España, respondió brevemente que España respeta e implementa medidas de libertad religiosa y que “se está preparando una normativa para los pastores que no pudieron pagar sus contribuciones” y así resolver que puedan recibir su pensión.