La Alianza Evangélica Mundial (WEA), junto con la Alianza Evangélica Europea (EEA) y la Alianza Evangélica Portuguesa (AEP) presentaron recientemente un informe conjunto sobre la situación religiosa en Portugal al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) antes de su 47ª sesión, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre.

Libertad religiosa

El informe señala que “aunque la ley portuguesa sobre libertad religiosa es una de las mejores del mundo, desde el punto de vista jurídico, en la práctica sigue habiendo insuficiencia en su contenido y analfabetismo religioso”.

“Aún existen limitaciones a la libertad de expresión en todas las cuestiones religiosas y, especialmente, en materia de moral cristiana en cualquier instancia pública, con especial intensidad en los medios de comunicación, que limitan cualquier intervención fuera de los espacios designados para temas religiosos”, subraya la WEA.

El informe lamenta que tras “siglos de influencia de la Iglesia Católica Romana”, se haya pasado ahora a “echar cualquier aspecto de la fe de la esfera pública”, en un comportamiento “secularista y laicista” que afecta a la participación evangélica en la sociedad.

Cuestiones sociales

El documento también destaca el papel clave de la comunidad evangélica en el apoyo e integración de los inmigrantes, así como la importancia del trabajo social de las asociaciones e iglesias evangélicas portuguesas en el país, y los esfuerzos realizados en el diálogo interreligioso.

A pesar del reconocimiento público, “no se garantiza a las comunidades religiosas la igualdad de acceso a las capellanías en las prisiones, hospitales y fuerzas militares”, denuncia el informe.

Además, advierte sobre “la criminalización de los profesionales de la salud, los docentes y las personas religiosas” que se oponen a la legislación de autodeterminación de género. “Eso limita gravemente los derechos de conciencia, la libertad de educación, la enseñanza religiosa y la libertad de expresión de los padres”.

Recomendaciones

Para solucionar esos asuntos, el informe recomienda capacitar a los funcionarios públicos en temas religiosos; facilitar el acceso de todas las comunidades religiosas a las capellanías; y legislar la integración de escuelas y seminarios evangélicos al sistema educativo nacional.

También pide al gobierno que facilite en todos los aspectos la construcción de lugares de culto para todas las comunidades religiosas y que "revise toda la legislación relativa a la autodeterminación de género para garantizar el reconocimiento de las perspectivas sociales y religiosas que no la aceptan".

Puedes leer el informe completo aquí.