La Iglesia católica, acusada de violar la Ley de protección de datos, por su obstaculización para apostatar

Las diócesis de Valencia y Madrid son las que rechazan más solicitudes. Las reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se han disparado en el último año y medio. Renegar de la fe católica, es decir, apostatar, es cada vez más difícil en nuestro país. Así al menos se deduce de la memoria anual de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha presentado este miércoles el director del organismo, Artemi Rallo. Según la AEPD, las reclamaciones de los ciudadanos por los obstáculos que pone la Iglesia católica a los solicitudes de apostasía se han incrementado de forma muy significativa durante 2006 y en lo que va de 2007, de manera que hasta 2005 no existía ninguna denuncia y en el último año y medio se han recibido casi 150. Rallo explicó que estas denuncias responden a peticiones de ciudadanos que quieren cancelar sus datos personales aparecidos en los libros de bautismo, reclamaciones que, según dijo, están plenamente legitimadas por el derecho de cancelación de datos personales. En principio, la "doctrina" de la Agencia de Protección de Datos es que la apostasía se realice mediante una "anotación marginal" en los libros de bautismo, para dejar constancia de que la persona interesada quiere desvincularse de la Iglesia y que sus datos personales no se utilicen. ALEGAN ACUERDOS DE 1979 Sin embargo, frente al derecho de estos ciudadanos a solicitar la cancelación de sus datos personales de cualquier registro, algunas diócesis, sobre todo las de Valencia y las de Madrid, se están negando a ello alegando reiteradamente que se trata de datos de carácter histórico excluidos del ámbito de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Más concretamente, se refieren a acuerdos firmados entre el Estado y el Vaticano firmados en 1979. La mayoría de las reclamaciones (68) que llegaron a la Agencia de Protección de Datos procedieron de Valencia, seguida de Madrid (13), Almería (6), Burgos (4) y Canarias (4), y en el resto de las diócesis los casos que llegaron hasta la Agencia son aislados. Es más, las de Madrid y Valencia han recurrido sistemáticamente las resoluciones de la AEPD a la Audiencia Nacional.