Un ‘no’ razonado y razonable a la ‘casilla evangélica’

Existe un debate abierto dentro y fuera del entorno evangélico de si debe existir una casilla en la declaración de la renta en la que quien lo desee pueda aportar parte del dinero que paga al Estado, algo que acaba de denegar la Audiencia Nacional.

Hay razones a favor, como las que esgrime la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas) que es la peticionaria de esta casilla.

Pero hay otras en contra, como las que expone la Alianza Evangélica Española (AEE), que en su día renunció a todo tipo de dinero público que se adjudicase por el simple hecho de pertenecer a una religión concreta (evangélica, católica u otra cualquiera).

Desde nuestra perspectiva, alineada con la AEE, consideramos que:

1.- El dinero de la casilla que recibe la Iglesia Católico Romana (ICR) se le quita a la recaudación de la declaración de la renta, que debería ir destinado a proyectos comunes de todos los ciudadanos. No le cuesta al contribuyente que marca la casilla (que paga lo mismo), pero sí se sustrae ese dinero de la bolsa recaudada, con lo que disminuye lo destinado a fines comunes (desde sanidad y educación hasta carreteras y comunicaciones).

2.- Apuntarse a este mismo sistema es perpetuar esta perversión del uso del dinero público, y extender una mala práctica con la ICR al resto de confesiones (acabarían -por simple hecho mimético y equitativo- habiendo casillas de católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, mormones, TJ, budistas, etc.); con lo que cada vez disminuimos más el dinero que el Estado logra disponer para todos los ciudadanos.

3.- Existe una fórmula sencilla que es que los donativos y diezmos de los fieles a sus confesiones religiosas se desgraven o en su totalidad o en gran parte (como ocurre con los donativos a Fundaciones), eliminando el tope del 10% de la base impositiva que existe ahora.

Este método:

A) Permite que el Estado no quite nada de lo que recauda, sólo reconoce que un ciudadano da una cantidad de dinero de forma altruista a un bien social que realizan las iglesias y confesiones.

B) Permite que cada persona elija dónde desea libremente destinar su dinero (ahora va a la jerarquía católica -en el caso de la ICR-, e iría a las federaciones religiosas o instituciones legales representativas que tuvieran casilla en el caso de que se les concediese)

C) La mayor desgravación animaría a un mejor y mayor compromiso de la generosidad, que a su vez facilitaría la financiación de las iglesias y entidades religiosas, siempre que estas tengan el respaldo de sus fieles.

D) Este método elimina una posibilidad muy peligrosa, que genera siempre tensiones indeseables; y que incluso pueden llegar al “clientelismo” en el que la pérdida de autonomía origina también una alteración de la voz e identidad.

E) En una época de crisis llena de recortes, es más ético y estético asumir el coste y autofinanciación propios que pedir apoyos externos de dinero público. Más que abonarnos a un sistema de dependencia pública, deberíamos denunciar que la ICR está siendo la única entidad que no sufre recortes mientras España y los españoles sí los sufren, y pedir que se les aplicase este mismo sistema de autofinanciación.

Todo lo cual no significa, aclaramos, que las entidades e iglesias evangélicas (o de otra confesión) no tengan el mismo derecho que cualquier ONG o asociación cultural a recibir ayudas de dinero público para fines de interés social y general. Pero no para fines religiosos ni por el hecho de ser de una confesión o creencia determinada.