Alemania protegerá por ley el anonimato de las fuentes de los periodistas
Hasta ahora, el Código Penal regulaba que la violación de secretos de Estado era un delito para el que se prevén hasta cinco años de reclusión. A menudo, los fiscales se han servido de esta ley para secuestrar material y registrar redacciones, algo que cambiará con la reforma. Los periodistas podrán así defender a quienes les informen anónimamente.
BERLÍN · 12 DE ABRIL DE 2010 · 22:00
«Los profesionales de los medios deben poder hacer su trabajo, manteniendo un ojo en las operaciones del Gobierno y publicando sus errores, de manera libre», aseguró la ministra de Justicia, Sabine Leutheusser. «La nueva ley permitirá que los periodistas no sean perseguidos cuando simplemente han publicado información que les ha sido proporcionada», agregó la ministra.
Sabine Leutheusser anunció que los periodistas que publiquen información confidencial utilizando fuentes anónimas sobre actividades del Gobierno consideradas secreto de Estado contarán a partir de mayo con una mayor protección legal.
En una entrevista al diario Welt am Sonntag, la ministra explica que se está desarrollando una ley para «reforzar la libertad de prensa», lo que implicará también una enmienda para modificar el artículo 353b del Código Penal alemán donde se contemplan penas de hasta cinco años de cárcel para quienes desvelen informaciones sobre el Gobierno sin revelar la identidad de sus fuentes.
Actualmente, aplicando ese artículo, los fiscales alemanes pueden ordenar registros en redacciones, así como la confiscación de ordenadores y documentación para tratar de averiguar quién ha filtrado secretos de Estado a ese medio.
EL CASO DE LA REVISTA ´CICERO´
La ministra se ha inspirado en el caso Cicero. En 2005, la revista Cicero, de Postdam (cerca de Berlín), publicó un artículo que contenía información procedente de documentos clasificados del Bundeskriminalamt (BKA), los servicios secretos.
Durante la investigación, el BKA registró la redacción de la revista. Dos años más tarde, la Corte Constitucional estableció que la inspección había sido anticonstitucional y que los periodistas no habían violado ninguna ley.
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