La Iglesia católica española, dispuesta a negociar la exención del pago del IVA

La Comisión Europea envió ayer a España un dictamen para pedir la supresión de la exención que aplica a la Iglesia católica en el pago del IVA sobre bienes muebles e inmuebles destinados a actividades religiosas. Así, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, explicó ayer que aunque aún no han recibido una notificación oficial desde Bruselas, están dispuestos a negociar el pago del IVA.

Madrid · 19 DE DICIEMBRE DE 2005 · 23:00

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Actualmente, la Iglesia católica española está exenta del pago de este impuesto sobre algunos bienes que le son suministrados y que están expresamente relacionados con la actividad religiosa, como es el caso de los altares, las velas o los bancos. Esta situación se debe al Acuerdo entre el Estado español y el Vaticano sobre Asuntos Económicos que data del 3 de enero de 1979, el cual es anterior a la adhesión de España a la Comunidad Europea. A pesar de este acuerdo, Bruselas asegura que cualquier estado miembro está obligado a asumir la legislación comunitaria y afirma que esta exención por parte de la Iglesia católica «no está autorizada según el régimen del IVA de la Comunidad Europea establecido en la Sexta Directiva del IVA». Sin embargo, Bruselas ha señalado también que el Estado podría ofrecer «otro tipo de concesiones financieras a la Iglesia católica» como compensación a los impuestos que ésta empezaría a pagar, solución que ya fue utilizada por Portugal, que mantenía una exención similar. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, declaró ayer que el Ejecutivo «estudiará» el dictamen enviado por la Comisión Europea para tomar «la decisión pertinente». Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, declaró también que el Gobierno y la Iglesia católica deberán «encontrar una fórmula» sobre el pago del IVA. -España tiene un plazo de dos meses para responder al dictamen de la Comisión. En el caso de que la respuesta del Ejecutivo no sea satisfactoria, la Comisión podrá remitir la cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

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