La situación de las minorías religiosas en muchos lugares del mundo sigue deteriorándose, alertan desde la Comisión Internacional de Libertad Religiosa de Estados Unidos (USCIRF, por sus siglas en inglés). La institución ha publicado su último informe sobre el estado de la libertad religiosa a nivel internacional, basado en los datos recabados principalmente en 2023.

En el documento, USCIRF lamenta lo que considera una sistematización en la persecución de la libertad religiosa a nivel internacional. “Además de perpetrar violaciones de la libertad dentro de sus propios países, varios gobiernos participaron en la represión para silenciar a las minorías religiosas y sus defensores en el extranjero”, dicen.

Las formas de violencia y presión, dicen desde la institución, varían en función del país, pero ponen un énfasis especial en la cuestión de la blasfemia. “Las leyes contra la blasfemia siguen siendo uno de los desafíos más importantes a la la libertad religiosa, al castigar actos o expresiones consideradas insultantes u ofensivas a los sentimientos, figuras o símbolos religiosos con la pena de muerte, trabajos forzados prisión o multas”, señalan.

Un escenario que no permite, según puede leerse en el informe de USCIRF, excesivo optimismo respecto a posibles mejoras en el año en curso. “Dada la tendencia mundial a atacar y utilizar como chivos expiatorios a las minorías religiosas durante muchas de las elecciones de 2023, las mismas minorías religiosas constituyen comunidades especialmente vulnerables en 2024”, remarcan.

El mapa que dibuja USCIRF

Como institución vinculada al Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, se observan diversas diferencias entre el mapa de la persecución por motivos religiosos que plantea USCIRF del de entidades y organizaciones no gubernamentales, como es el caso de Puertas Abiertas.

USCIRF divide a los países entre aquellos que considera de “Particular preocupación” (CPC, por sus siglas en inglés), donde se registran violaciones más extremas de la libertad religiosa, y los que incluye en una “Lista Especial de Observación” (SWL, por sus siglas en inglés), aunque su mapa tiene un carácter recomendatorio, ya que es el propio Departamento de Estado quien tiene la última palabra para introducir a un país de forma oficial en una de las categorías. 

En la primera lista, USCIRF recomienda incluir o mantener a Azerbaiyán, Birmania, China, Cuba, Eritrea, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Tayikistán, Arabia Saudí y Turkmenistán. Países que el Departamento de Estado ya ha incluido en esa categoría. No obstante, USCIRF lamenta que la Administración no incluya también en esa categoría otros cinco países que también recomienda para ella: Afganistán, India, Nigeria, Siria y Vietnam.

De hecho, con respecto a los casos de India y Nigeria, USCIRF expresa decepción con la Administración por la inclusión de ambos en la categoría de “País de particular preocupación” a pesar “de las violaciones en ambos países” del estándar legal de la libertad religiosa.

En la “Lista Especial de Observación”, USCIRF incluye a los siguientes países: Argelia, Egipto, Indonesia, Irak, Kazajistán, Kirguistán, Malasia, Sri Lanka, Siria, Turquía y Uzbekistán. Cabe recordar que en 2023 el Departamento de Estado ya incluyó en esta categoría a Azerbaiyán, Argelia, República Centroafricana, Comoras y Vietnam. 

Algunas recomendaciones

El informe sirve también a la USCIRF para expresar sus recomendaciones a la Administración estadounidense. En este sentido, desde la institución critican que el gobierno haya aplicado sanciones en tan solo ocho de los 12 países considerados como “Particular preocupación”, quedando excluidos Arabia Saudí, Pakistán, Tayikistán y Turkmenistán. 

Otra de las varias recomendaciones que USCIRF hace a la Administración es la de ampliar el uso de la Ley Global Magnitsky, que se trata de un marco normativo estadounidense pero con aplicación global. Esta herramienta, recuerdan desde USCIRF, permite al gobierno de Estados Unidos incrementar la presión sobre quienes cometen violaciones de derechos humanos congelando sus activos o prohibiéndoles visados. En este sentido, la institución también pide al gobierno de Estados Unidos que se coordine con otros países que disponen de este tipo de códigos sancionadores.