Rafah es el último enclave de la Franja de Gaza donde Israel está llevando a cabo su ofensiva contra Hamás. Mientras los tanques con la bandera israelí se sitúan ya en el centro de la ciudad, los últimos acontecimientos han avivado las críticas contra el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y el ejército. 

Y es que, en una maniobra que el propio Netanyahu ha calificado de “trágico error”, las fuerzas israelíes han bombardeado un asentamiento de desplazados gazatíes dejando al menos 45 muertos y 250 heridos, muchos de ellos niños y mujeres. 

El ataque se ha producido apenas dos días después de que la Corte Internacional de Justicia, en respuesta a la denuncia presentada por Sudáfrica en enero, ordenase a Israel detener su ofensiva en Rafah aludiendo a un posible “riesgo de genocidio”. Por parte del ejecutivo israelí, un portavoz del mismo había respondido que “ningún poder en la tierra impedirá que Israel proteja a sus ciudadanos y persiga a Hamás en Gaza”.

Según el ejército israelí, una investigación preliminar sobre el ataque en Rafah ha concluido que la maniobra de sus tropas, que estaba enfocada en dos militantes de alto rango de Hamás, no habría sido la causa del incendio en el asentamiento de desplazados, sino que tuvo que haber una explosión secundaria de origen desconocido. El mismo portavoz militar que ha explicado esta cuestión a Associated Press y a Euronews ha asegurado que se investiga la posibilidad de que se almacenasen armas en el lugar. En respuesta a la acción del ejército israelí en Rafah, las Brigadas Ezzeldin al-Qassam, brazo armado de la organización yihadista Hamás, lanzó el pasado 26 de mayo una andanada de cohetes contra Tel Aviv.

“Hasta el ataque, la decisión de la CIJ era bastante ambigua”

Desde Israel, la decisión de la Corte Internacional de Justicia había generado dudas. “Hasta el incidente trágico en Rafah, la decisión del CIJ era bastante ambigua”, explica a Protestante Digital el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Arie Kacowicz. “No ordenaba un alto el fuego inmediato en la zona de Rafah, sino que Israel debería hacer lo que tiene que hacer de todas maneras, es decir conducir la guerra justa contra Hamás”, añade.

El escenario después del último ataque, puntualiza Kacowicz, es otro. “Ahora probablemente la interpretación va a a ser mas estrecha, y quizas llegue al Consejo de Seguridad, que podría imponer un cese al fuego”, considera.

Mientras tanto, los acercamientos de ambas partes para concretar un acuerdo de paz han resultado ser infructuosos hasta la fecha. De hecho, en los últimos días el gobierno israelí ha difundido un vídeo con nuevas imágenes de un grupo de chicas jóvenes que forman parte de las Fuerzas de Defensa de Israel y que fueron secuestradas y agredidas el pasado 7 de octubre por milicianos de Hamás. La organización yihadista mantiene presos a la mayoría de los rehenes que tomó en el ataque que inició la escalada de violencia.

España reconoce el Estado de Palestina

Estos últimos acontecimientos han tenido un eco especial en España, ya que el gobierno presidido por Pedro Sánchez ha reconocido este martes 28 de mayo el Estado de Palestina. “No es una decisión contra nadie”, ha subrayado Sánchez, en alusión a las relaciones diplomáticas con Israel.

El reconocimiento español es en base a las fronteras anteriores a 1967, con Cisjordania y Gaza unidas por un corredor y con Jerusalén Este como capital. Sánchez ha remarcado que consideran a Israel “país amigo” y su rechazo a Hamás, como organización yihadista.

Se trata de otra muestra de la dimensión global que ha adquirido el conflicto en Gaza. Hace unas semanas, el Tribunal Penal Internacional también dictó una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como de varios altos mandos de Hamás. A los líderes israelíes el organismo internacional les acusa de utilizar el hambre como arma de guerra, por el bloqueo de pasos fronterizos por donde accede la ayuda humanitaria a la región. En el caso de los líderes del grupo terrorista, se les acusa de perpetrar delitos sexuales, torturas y de atentar contra la dignidad humana.

El número de las víctimas mortales por el conflicto en Gaza supera ya las 36.000 personas.