El Congreso de los Diputados ha admitido este martes a trámite la proposición de ley orgánica del PSOE para castigar con penas de cárcel las terapias de conversión de la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género. La Cámara Baja comenzará a trabajar en esta norma después de que todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, hayan votado a favor de su tramitación.

La proposición de ley pretende introducir estas prácticas en el Código Penal y considerarlas un delito que se castigue con penas de seis meses a dos años de cárcel.

En la presentación de la propuesta en el Congreso, el diputado del PSOE Víctor Gutiérrez expresó que “esta ley no es solo un castigo a los verdugos, es un mensaje de esperanza a todas las víctimas silenciosas que aún tienen pesadillas con la camilla de descargas, la sesión de humillación o el rezo que prometía curarles mientras los mataba por dentro”.

En concreto el texto propone penas de prisión de seis meses a dos años para quien “aplica o practica actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión, ya sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, que afecten a su integridad corporal o salud física o mental, o atenten gravemente contra su integridad moral”.

Víctor Gutiérrez afirmó que las llamadas “terapias de conversión” son “una de las peores formas de violencia que puede sufrir una persona, que consiste en ser obligada a odiarse a sí misma, ser torturada física o psicológicamente para despojarse de su orientación o identidad”.

Además, señaló explícitamente a los grupos religiosos como los principales autores de este tipo de abuso contra las personas LGTBI. “Todavía hay familias, sacerdotes, pastores de sectas y ‘coaches’ que venden la misma mentira: que la diversidad sexual y de género se puede erradicar con sesiones de oración, descargas eléctricas o medicación”, afirmó. “En la práctica significa empujar a nuestros adolescentes en las manos de curanderos de exorcistas y de pastores que prometen deshomosexualizar a adolescentes vulnerables”, expuso Gutiérrez.

El resto de partidos en el Congreso han dado su aprobación al texto presentado. Solo Vox votó en contra, alegando que la nueva ley perseguiría a personas inocentes.

La Alianza Evangélica rechaza la propuesta

La Alianza Evangélica Española (AEE) ha hecho público un comunicado en el que manifiesta su rechazo frontal a la norma. La AEE denuncia que este tipo de propuestas parten de una “distorsión del concepto” y emplean un lenguaje peyorativo para proyectar una imagen de “tratamientos de manipulación y tortura”, cuando, en su opinión, tales prácticas ya están penadas por la legislación vigente y no necesitan un refuerzo legal adicional. A su juicio, el término “terapias de conversión” es un “constructo ideológico” diseñado para generar rechazo, con resonancias que recuerda a leyes propias de “regímenes totalitarios”.

“Los tratamientos de apoyo o las iniciativas de ayuda personal y pastoral a personas que quieren recuperar la concordancia entre su sexo biológico y su identificación de género no tienen nada que ver con manipulaciones ni torturas”, expone la Alianza en su comunicado.

Según la Alianza, esta nueva normativa pretende penalizar incluso el acompañamiento profesional o pastoral que solicitan, en libertad y con consentimiento informado, personas que desean recuperar la coherencia entre su sexo biológico y su identidad de género. Lejos de representar formas de coacción, explican, se trataría de apoyos terapéuticos “científicamente probados” y aplicados en otros contextos similares, que buscan promover el bienestar de quienes los solicitan voluntariamente.

El comunicado advierte de una “contradicción de fondo” en el planteamiento legislativo: mientras que la transición de género es promovida, protegida y financiada, el camino inverso —la detransición o el regreso a la congruencia entre sexo e identidad— es penalizado. Esto, afirma la AEE, constituye una “imposición de un criterio moral” y una discriminación basada en el sentido de dirección del cambio personal.

Desde esta perspectiva, la Alianza se pregunta: “¿Dónde queda el respeto estricto a la libre determinación de la persona?”, y añade que en una sociedad democrática, los apoyos otorgados a quienes desean transicionar deberían estar igualmente disponibles para quienes buscan revertir ese proceso. La propuesta de ley, afirman, establece un modelo “tutelado moralmente” que anula la capacidad de decisión personal y abre la puerta a la estigmatización de quienes ofrecen ayuda a los procesos de detransición.

En su declaración, la AEE también plantea la posibilidad de que esta ley obligue a recurrir a la objeción de conciencia por parte de profesionales o agentes pastorales que no quieran renunciar a acompañar a quienes piden ayuda. “Si se impone la proposición de ley citada, se abrirá el camino a tener que ejercer la objeción de conciencia como único recurso legítimo y democrático”, advierten.

Finalmente, la Alianza hace un llamamiento a los parlamentarios para que voten esta propuesta “en conciencia”, apelando a los principios democráticos y al respeto por los derechos fundamentales de todas las personas, más allá de ideologías o corrientes de pensamiento. “No estamos ante una cuestión en la que deba regir la ideología, sino el más profundo y transversal sentido democrático”, concluye el comunicado firmado por la Junta Directiva de la entidad evangélica.

La votación final está prevista para el próximo martes.

Situación en Europa

El debate sobre qué son las terapias de conversión y cómo separar la coerción o la violencia de la búsqueda psicológica y espiritual de las personas también ha generado debate en países como el Reino Unido, donde en 2020 y 2023 la Alianza Evangélica del Reino Unido se pronunció a favor del respeto tanto a las decisiones personales como a la libertad religiosa.

Líderes eclesiásticos del Reino Unido denunciaron en una carta abierta que "algunos incluso quieren que la prohibición de las "terapias de conversión" abarque la oración suave y no coercitiva. Esto plantea la alarmante posibilidad de que la policía y los fiscales tengan que decidir si alguien ha orado la oración equivocada".

En Suiza, parlamentarios cristianos también han abordado el debate, pidiendo conversaciones honestas y un debate sereno, más allá de las luchas ideológicas.

Los evangélicos portugueses también han intervenido en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar los peligros de leyes similares.