Este viernes ha entrado en vigor la Ley de eutanasia en España, tras aprobarse en el Congreso de los Diputados hace tres meses. Partido Popular y Vox han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional, que de momento no ha optado por paralizar la operatividad de la norma.

Desde ahora, pueden solicitar la eutanasia las personas que sufran una enfermedad “terminal o incurable causante de un sufrimiento físico y psíquico intolerables”, aunque la norma no especifica el criterio para determinar qué es “intolerable”. Esas personas tendrán que ser mayores de edad y tener la nacionalidad española, un permiso de residencia legal o un certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en el territorio español de más de doce meses.

Un proceso de un mes

La persona que solicite la eutansia tendrá que ser “capaz y consciente” en el momento de hacer la solicitud, con toda la información por escrito y conociendo las alternativas a la eutanasia, como los cuidados paliativos.

El paciente ha de consentir cuatro veces que sigue con el proceso y en todas ellas puede dar marcha atrás. En primer lugar, ha de solicitarlo. 15 días después de la primera solicitud, y tras haber sido informado por su médico responsable sobre las alternativas y el diagnóstico, ha de solicitarlo de nuevo.

Dos días después, el médico vuelve a reunirse con el paciente para resolver cualquier duda y, al día siguiente, ha de producirse la tercera confirmación de que se sigue adelante. El paciente firma un consentimiento informado. Después de que el médico informe a la Comisión de Garantía y Evaluación y reciba una verificación de este organismo, el paciente elige la modalidad de su procedimiento y aquí tiene lugar el cuarto consentimiento.

Tras la tercera confirmación, el médico responsable ha de consultar a otro facultativo que estudiará al paciente y emitirá un informe en diez días como máximo. Luego el médico responsable lo remitirá a la Comisión de garantías en un máximo de tres días.

En total el proceso puede durar algo más de un mes, entre cuatro y seis semanas. Sin embargo, la ley contempla que, en el supuesto de que el paciente no vaya a aguantar tanto, estos plazos puedan acortarse.

Las Comunidades Autónomas tienen la responsabilidad de formar una Comisión de Garantía y Evaluación, la cual de momento solo está operativa en seis de las diecisiete comunidades, factor que podría retrasar la ejecución de la norma en estas primeras semanas.

Objeción de conciencia

El artículo 16 de la ley contempla la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios para no practicar ni eutanasias ni suicidios asistidos: “Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia”.

“El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito”, reza el escrito. En las administraciones se creará además un registro de profesionales que sean objetores de conciencia, que será confidencial y sujeto a la normativa de protección de datos.

Denuncias ante el Constitucional

La semana pasada Vox presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional alegando la “inconstitucionalidad” de la norma. “No podemos apoyar una ley de eutanasia que nos lleva por una pendiente resbaladiza por la que ya se han deslizado los países en los que estas leyes se aplican”, como Países Bajos, “donde el 30% de los médicos han firmado eutanasias sin el consentimiento de los pacientes”, señaló Santiago Abascal, líder de Vox, tras la presentación del recurso hace una semana. Vox sostiene que aprobar esta norma es “una derrota de la civilización” y la victoria de la cultura de la muerte.

Por su parte el Partido Popular presentó este pasado jueves un recurso también ante el Constitucional alegando que la norma vulnera el deber del Estado de protección de la vida y de la salud, así como el derecho da la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

El líder de los populares, Pablo Casado, alegó que en España se necesita un impulso de “los cuidados paliativos”, ya que, hay un 0,6 de servicios por cada 100.000 habitantes en cuidados paliativos. “Es la misma cifra que en Georgia y Rumania”, afirmó, para añadir que España está un 30% por debajo de Portugal e Italia, un 40% por debajo de Francia y un 50% por debajo de Alemania en dar este servicio.

Reacciones a la norma

La Alianza Evangélica Española (AEE) es una de las entidades que se ha manifestado contra la norma a través de un comunicado donde pedía que se adoptase un modelo de cuidado de los pacientes en situación terminal que combinase el acceso a los cuidado paliativos pero también un acompañamiento familiar y económico en cada caso. “La cantidad de pacientes que se plantean la eutanasia disminuye muy drásticamente si se les facilita alivio del dolor y acompañamiento humano y se les ofrecen recursos para combatir la desesperanza”, señalaban.

El Comité de Bioética de España, un órgano consultivo y dependiente de los ministerios de Sanidad y Ciencia, también ha publicado un informe donde subrayan que “existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y una prestación pública”. “Legalizar el auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra”, añaden.

Otras instituciones médicas españolas también se han posicionado públicamente contra la ley. El Colegio de Médicos de Madrid ha señalado que la eutanasia “conlleva acciones de gravedad a nivel personal e institucional” y la han equiparado con “‘una pendiente deslizante’ hacia la eliminación y corrupción del derecho a la vida”, y el Colegio de Médicos de Cataluña ha apuntado que “nadie debería desear la muerte por falta de cuidados paliativos”. “Las autoridades sanitarias tienen aquí una asignatura pendiente y una gran responsabilidad para darle la vuelta al ‘cómo’ mueren muchas personas”, han remarcado.