La eutanasia es ya una realidad legal en España. El Congreso de los Diputados ha refrendado este jueves de forma definitiva la ley propuesta por el PSOE, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones. La cámara baja ya había dado su visto bueno a la norma en diciembre, aunque de forma inicial. El texto llegó el pasado 10 de marzo al Senado, que también lo aprobó pero introduciendo unas ligeras modificaciones. Lo que ha hecho que tenga que volver a pasar por el Congreso como un trámite.

En total, los senadores han añadido 20 enmiendas que no afectan prácticamente en nada a la esencia de la ley, como la inclusión de los enfermeros en la Comisión de Garantía y Evaluación, que en un principio solo iban a formar un médico y un jurista, y la obligación de cada Comunidad Autónoma de formar este organismo, necesario para la aplicación de la ley, a los tres meses de la entrada en vigor de la ley, que a su vez se hará efectiva tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La norma prevé que la eutanasia pase a formar parte de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud y que puedan hacer uso de ella todas las personas que sufran una enfermedad “terminal o incurable causante de un sufrimiento físico y psíquico intolerables”, aunque no específica el criterio para determinar qué es “intolerable”. Esas personas tendrán que ser mayores de edad y tener la nacionalidad española, un permiso de residencia legal o un certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en el territorio español de más de doce meses.

Denuncia ante el Tribunal Constitucional

Vox ha anunciado que presentará acciones legales contra la norma ante el Tribunal Constitucional. Algo que podría ralentizar la entrada en vigor de la ley. De hecho, en la vecina Portugal ha sido la misma institución judicial la que ha rechazado hace unos días una ley de eutanasia que había aprobado el Parlamento luso el pasado mes de enero, al considerarla inconstitucional por el uso de conceptos que el tribunal ha considerado como “imprecisos”. 

El presidente del Constitucional portugués ha asegurado que la expresión “lesión definitiva de gravedad extrema”, que recoge la norma en el país vecino, “no permite delimitar con el indispensable rigor” en qué situaciones se puede solicitar la eutanasia. Esta práctica, ha reiterado el presidente del Tribunal Constitucional portugués, João Pedro Caupers, requiere definiciones “claras, precisas, anticipables y controlables”.

Reacciones a la norma

La Alianza Evangélica Española (AEE) es una de las entidades que se ha manifestado contra la norma a través de un comunicado donde pedía que se adoptase un modelo de cuidado de los pacientes en situación terminal que combinase el acceso a los cuidado paliativos pero también un acompañamiento familiar y económico en cada caso. “La cantidad de pacientes que se plantean la eutanasia disminuye muy drásticamente si se les facilita alivio del dolor y acompañamiento humano y se les ofrecen recursos para combatir la desesperanza”, señalaban.

El Comité de Bioética de España, un órgano consultivo y dependiente de los ministerios de Sanidad y Ciencia, también ha publicado un informe donde subrayan que “existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y una prestación pública”. “Legalizar el auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra”, añaden.

Otras instituciones médicas españolas también se han posicionado públicamente contra la ley. El Colegio de Médicos de Madrid ha señalado que la eutanasia “conlleva acciones de gravedad a nivel personal e institucional” y la han equiparado con “‘una pendiente deslizante’ hacia la eliminación y corrupción del derecho a la vida”, y el Colegio de Médicos de Cataluña ha apuntado que “nadie debería desear la muerte por falta de cuidados paliativos”. “Las autoridades sanitarias tienen aquí una asignatura pendiente y una gran responsabilidad para darle la vuelta al ‘cómo’ mueren muchas personas”, han remarcado.