Actas de Uniformidad

Se conoce con el nombre de Actas de Uniformidad a varias leyes que fueron aprobadas por el parlamento inglés y que imponían la adoración y el ritual de la Iglesia anglicana.

Las más importantes fueron las promulgadas entre 1661 y 1665, durante el reinado de Carlos II, que fueron agrupadas bajo el nombre de Clarendon Code, por el estadista que las impulsó, el primer conde de Clarendon. Se trataba de aplastar a toda costa toda disidencia que no se conformara a la Iglesia establecida, por lo que iban dirigidas especialmente contra los puritanos.

• La primera fue la llamada Corporation Act (1661), por la que se prohibía ejercer cargos públicos a quienes no recibieran el bautismo y la Cena en una iglesia anglicana.
• Luego se publicó la denominada Act of Conformity (1662), que excluía de poder ocupar cargos eclesiásticos a quienes fueran culpables de los cargos de la Corporation Act.
• Después se promulgó la Conventicle Act (1662), por la que se declaraban ilegales los cultos de adoración puritanos, incluso en casas privadas, donde hubiera más de cuatro extraños presentes.
• Finalmente la Five Mile Act (1665) prohibía a los pastores disidentes vivir o visitar en un radio de cinco millas en cualquier lugar donde hubieran ministrado.

Unos dos mil clérigos, algunos de ellos entre los más distinguidos, como Richard Baxter, fueron privados de sus cargos, por las Actas de Uniformidad. Era una represión en toda regla dirigida desde la cámara de los Comunes, con la bendición de la Iglesia anglicana y el respaldo de la corona, para exterminar todo lo que no se conformara al pensamiento hegemónico.

La emigración a América por motivos de conciencia, que ya había comenzado en tiempos de Carlos I y el arzobispo Laud, se multiplicó todavía más debido a las Actas de Uniformidad. Y es que Inglaterra se había convertido en un territorio imposible para todo aquel que no quisiera someterse a unos dictámenes atentatorios contra la libertad de conciencia.

La cárcel, las multas, el ostracismo y el hostigamiento fueron el pan de cada día para los no conformistas, así llamados por su actitud de no conformarse a lo ordenado.

Menos mal que todo eso fue en el siglo XVII, pero como estamos en el siglo XXI ya no hay peligro de que algo así pueda suceder. Ahora vivimos en democracias bien fundadas y con la libertad de conciencia garantizada.

Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, está presionando a la Iglesia anglicana para que se conforme a las ideas que los colectivos de gays y lesbianas quieren imponer sobre toda la sociedad.

Incluso el portavoz de la cámara de los Comunes se ha convertido en un adalid de las mismas. Todo ello pone en un conflicto de conciencia a los cristianos que quieran ser fieles a Dios.

Pero así como en el siglo XVII la conciencia podía ser violada, en el siglo XXI ocurre lo mismo, en aras de un pensamiento dominante.

Y así como hubo Actas de Uniformidad entonces, todo indica que volverá a haber Actas de Uniformidad ahora. Solo que las Actas de entonces eran para imponer un sistema eclesiástico y las de ahora son para imponer un sistema social. ¡Quién lo iba a decir! Que la Iglesia anglicana, otrora aliada de los perseguidores y promotora ella misma de la intolerancia, ahora se ve en la encrucijada de tener que optar entre bendecir lo que no se puede bendecir o atenerse a las consecuencias, debido a la persecución de los nuevos intolerantes. Y todo eso defendido por el portavoz de la cámara de los Comunes y la primera ministra.

Claro que si a la Iglesia anglicana se la pone en esa disyuntiva, eso quiere decir que, por extensión, cualquier otra iglesia también va a tener que enfrentarla. Pastores bautistas, pentecostales, reformados, presbiterianos, independientes o de cualquier otra afiliación, se van a encontrar con el mismo dilema de conciencia. Igual que en el pasado.

Mas lo que está pasando en el Reino Unido también está pasando en España, donde ya hay preparado todo un conjunto de medidas atentatorias contra la libertad para ser debatidas en el Congreso de los diputados.

El mero hecho de que se debata sobre las libertades esenciales ya es revelador del estado al que han llegado las cosas. Que los colectivos de gays y lesbianas quieran imponer su ideología sobre todos, sin que haya ninguna posibilidad de no conformidad ni disidencia, muestra que las nuevas Actas de Uniformidad represoras también planean, como negra sombra, sobre España.

Pero la libertad de conciencia no es algo que concede ningún Estado, ni Constitución, ni parlamento, ni gobierno, ni juez. No es un favor que esos organismos otorgan.

La libertad de conciencia es un derecho humano inalienable que procede del Creador. Lo único que puede hacer un Estado, una Constitución, un parlamento, un gobierno o una judicatura es reconocer ese derecho y preservarlo y al hacerlo estarán haciendo lo que es su obligación.

Recortar o eliminar ese derecho es andar en los pasos de los implantadores de las Actas de Uniformidad, esto es, convertirse en sostenedores de un Estado totalitario.