Defensa de evangélicos perseguidos en Chiapas: entrevista con L. A. Herrera

Pregunta: ¿Cómo y por qué te interesaste en el tema de la intolerancia y persecución contra los evangélicos?

Respuesta: La necesidad estuvo presente desde los hechos más conocidos, que fueron en diversas comunidades de Chamula en los años 80’s. En esos años como parte de la Alianza Juvenil fundada en los Altos de Chiapas en el año 1985, colaboramos dando asistencia a los desplazados y afectados que pasaron a refugiarse en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. La necesidad de alimentos, ropa, vivienda entre otros, estábamos organizados los jóvenes para ayudar en lo que estuviera a nuestro alcance. Desde esa fecha pudimos convivir con el dolor, la frustración de la falta de atención de las autoridades, la necesidad espiritual y la incertidumbre de lo que pudiera pasar con los afectados en el futuro. Esa necesidad no es diferente en estos tiempos actuales, han cambiado las regiones en Chiapas, las formas de persecución religiosa, pero las necesidades de alimentos, ropa, vivienda así como de la atención espiritual, sigue siendo la misma. Fue de esa manera que iniciamos, y continuamos, con el caminar cercano a los perseguidos y buscando la forma de apoyarles.

P. ¿En la actualidad con cuál organización estás trabajando?

R. La organización en la cual trabajo es la Coordinación de Organizaciones Cristianas y La Voz de Los Mártires; la primera en el tema de la gestión y acompañamiento en la búsqueda de la solución o atención en el conflicto por la persecución religiosa. La segunda en los temas de atención inmediata en el momento del conflicto, espirituales, sociales y proyectos que permitan “rehacer” la vida y continuar independientemente del grado de afectación que hayan sufrido.

P. ¿Cuántos casos de intolerancia/persecución hay contra los evangélicos en Chiapas?

R. Actualmente podemos contar 19 casos documentados (Chilil, Yashtinin, Los Llanos, San Gregorio, La Florecilla, Rosario Bahuitz, La Piedad, Boquerón, Cuauhtémoc Cárdenas, Mariano Matamoros, Unión Juárez, Jose Ma Morelos, Guadalupe Victoria, La Esperanza, San Miguel Chiptic, Altamirano, el Arenal, La Libertad, Linda Vista), aunque los reportes han sido más, acerca de los cuales estamos en proceso de investigación. Hay Varias familias desplazadas y un número mayor a 1,000 evangélicos afectados incluyendo a los niños.

P. ¿Cuáles son los señalamientos contra los evangélicos por parte de sus hostigadores/perseguidores?

R. El principal señalamiento es que son “rebeldes” debido a que, según señalan las autoridades ejidales, no acatan las decisiones de la Asamblea. Sin embargo las asambleas lo que hacen es imponer cargas económicas y en algunos casos, participación en las celebraciones religiosas católicas-tradicionales, que algunos las han convertido como “eventos cívico culturales” para dar justificación a las multas o sanciones a los evangélicos por oponerse a las “decisiones de la Asamblea”. Sin embargo, las autoridades ejidales han contado con el apoyo de autoridades gubernamentales para “asesorarlos” y justificar las sanciones en base a desobediencia de la Asamblea, intentando quitarle el motivo religioso que a todas luces vemos escudados en los llamados “usos y costumbres”.

P. ¿Qué casos consideras los más trágicos y por qué?

R. El más trágico es el caso de Mariano Matamoros, municipiopio de Venustiano Carranza. A las 31 familias que han sido afectadas inicialmente les quitaron todas sus tierras de cultivo en 2012, les robaron los alambrados, los postes y los pocos animales que tenían en esos terrenos. Después de varios intentos de solución, cortaron el agua a tres familias por “rebeldía” y supuestamente por no haber pagado los servicios, situación que se ha comprobado que no ha sido como esus acusadores señalan. Actualmente cuando el tema es abordado por autoridades superiores buscando un arreglo, los ejidatarios escudados en decisiones de la Asamblea, emiten un documento en el que todas las tiendas de la comunidad y los vendedores que llegan de comunidades vecinas, no tienen permitido venderles ni comprarles a los evangélicos, de los contrario serán multados con 5 mil pesos [aproximadamente 330 dólares], esto incluye el uso de transporte público. Los evangélicos siguen viviendo en la comunidad, sin embargo no tienen derechos y están amenazados actualmente de que a finales de mayo serán expulsados y destruidas sus viviendas. Ellos batallan con tener acceso a la educación, a la salud y los beneficios gubernamentales (Programa Procampo, canasta básica, entre otros) están suspendidos para ellos.

P. ¿Cómo evalúas el accionar de las autoridades municipales, estatales y federales en los casos de intolerancia en los que has sido defensor?

R. El Estado laico no ha sido una realidad, los funcionarios manifiestan tres motivos para decidir sobre hacer justicia o promover la impunidad por los delitos cometidos: 1) Siempre orientan sus decisiones y buscan convencer a los afectados, que la mayoría tiene el derecho de decidir y que se debe respetar lo que esa mayoría diga y decida. La cuestión es que los derechos humanos no son cuestión de mayorías, sino derechos que deben ser reconocidos y respetados por todos. 2) Que no son imparciales, siempre se evidencia su creencia católica lo que orienta sus decisiones que muy poco o nada abonará a la atención justa de los afectados, y 3) Que la aplicación de la justicia está sujeta a decisiones políticas, si los funcionarios deciden que se culmine un proceso legal se hace, o de lo contrario, se detiene.

P. ¿Qué debe suceder para que ya no existan casos de persecución en Chiapas?

R. Estado laico, independencia del sistema de aplicación de justicia y la promoción de la tolerancia entre los funcionarios que son responsables de atender estos casos con la intención de evitar que la impunidad siga avanzando. Cuando un caso no es atendido de manera adecuada y justa, los casos de intolerancia seguirán surgiendo tanto en el mismo lugar como en otros lugares cercanos, por la idea de que las actitudes injustas no son castigadas.

P. Algo más que quieras agregar.

R.  Si bien es cierto que cuando pensamos en persecución religiosa en México volteamos a ver a Chiapas, existen 14 estados de la República mexicana en la que encontramos condiciones similares. Persecución de diversos tipos y muestras que el Estado laico no es una realidad todavía, funcionarios con altares religiosos en sus oficinas que intimidan a los que buscan justicia bajo un esquema religioso diferente. Tenemos que tomar conciencia. En la medida que la Iglesia evangélica de México y del mundo tome en serio este tipo de problemática, tendremos mayor respaldo para los afectados y se promoverán los cambios necesarios para garantizar la justicia, equidad, respeto y sana convivencia en nuestro país, para tener una vida en paz.

A los perseguidos en algunos casos se les ha privado del agua, luz, drenaje, vivienda, beneficios de programas sociales, educación, salud, gestión, etc. Estamos ante una violación no solo de las leyes mexicanas, sino también, de tratados internacionales, lo que ninguna autoridad u organismos de derechos humanos han hecho público formalmente.