El Congreso no debatirá la ley LGTBI esta semana

El proyecto de ley de Igualdad LGTBI presentado el pasado 4 de mayo en el Congreso ha superado los trámites iniciales de forma que continúa con el trámite parlamentario habitual.

La conocida como ley LGTBI -que se puede consultar en la web del Congreso- ha sido elaborada por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea y cuenta con el respaldo del resto de grupos parlamentarios, excepto el PP, aunque por su parte el Gobierno no ha puesto ninguna pega a su tramitación parlamentaria.

De hecho, el Gobierno tenía de plazo hasta el 17 de junio de 2017 para analizar que la tramitación de la proposición de ley no suponía ninguna carga presupuestaria no prevista ni ningún otro aspecto que impidiese continuar con su proceso parlamentario. Ahora es la mesa del Congreso la que debe buscar una fecha en la que presentar en el pleno la Ley de Igualdad LGTBI; a partir de ese momento empezará el proceso en el que los grupos parlamentarios podrían proponer enmiendas. 

Antes del verano no habrá cupo para llevarla a pleno, pero según informa la Federación de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB) hay “un claro compromiso por parte de los grupos políticos que la sustentan para que se realice a la vuelta del parón de verano, a poder ser en el mes de septiembre”.

La reivindicación de la aprobación de esta ley es una de las principales bazas políticas de la manifestación del WorldPride que tendrá lugar el próximo 1 de julio en Madrid. Se espera que prácticamente todos los partidos políticos apoyen y participen de esta manifestación.

APOYO POLÍTICO

La norma parece contar con un amplio apoyo político por parte de todos los partidos mayoritarios. Son escasas las voces que se han atrevido a oponerse al menos a algunos aspectos de la ley que, sin embargo, ha sido criticada por abogados, juristas, periodistas y entidades religiosas.

LO QUE PROPONE LA LEY

En un reportaje previo publicado en Protestante Digital, se explican los puntos más conflictivos de la norma, entre ellos:

• la creación de un órgano político, la Agencia Estatal de los derechos LGTBI, que gestione la promoción de la ideología de género en ámbitos como educación, salud o deportes
• la concesión de privilegios para el colectivo LGTBI en acceso a empleo público o subvenciones 
• la inversión de la carga de la prueba, por la que aquellos que sean acusados de discriminación hacia el colectivo LGTBI deberán demostrar su inocencia
• la creación de un régimen sancionador con poder para multar y sancionar a personas o entidades, con multas que van de los 3.000 a los 20.000 euros
• la prohibición a profesionales psicólogos de ejercer terapias de reconversión a pesar de contar con el consentimiento del cliente

La Alianza Evangélica Española analizó en 2014 la ley aprobada en Cataluña, la primera comunidad en desarrollar una legislación de igualdad LGTBI con condicionantes similares a la que se quiere aprobar ahora en el marco nacional. La entidad evangélica expresó su clara oposición a una norma que consideró un “retroceso” y una auténtica “amenaza” a las libertades.