El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas escuchará en junio (durante su 53º período de sesiones) un informe sobre las “contradicciones percibidas” entre la libertad de religión o creencias y la protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género (conocido como SOGI).

El Experto Independiente de las Naciones Unidas en protección contra la violencia y discriminación basada en SOGI, Víctor Madrigal-Borloz , cerró el 15 de enero una convocatoria de aportes de organizaciones de la sociedad civil sobre este tema.

El objetivo del informe final será "proporcionar narrativas legales y políticas" sobre cómo los derechos LGBT y la libertad religiosa o creencias (FoRB en inglés) se relacionan entre sí. También “enviará recomendaciones a los Estados y otras partes interesadas relevantes para cumplir plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos para proteger y empoderar a las personas LGBT+ para buscar la felicidad, ejercer y disfrutar de todos sus derechos humanos”.

En su llamado a la contribución de terceros actores, el Experto Independiente de la ONU habla de “narrativas religiosas y espirituales” que “históricamente se han utilizado para promover, permitir y tolerar la violencia institucional y personal y la discriminación contra las personas por su orientación sexual o género, identidad; reprimir la diversidad sexual y de género; y promover normas cisgénero y heteronormativas de orientación sexual e identidad de género”.

Según el texto, todo “esto ha resultado en una variedad de construcciones normativas discriminatorias reforzadas con el tiempo” por esas narrativas religiosas.

Madrigal-Berlioz continúa diciendo que "la evidencia exploratoria (...) sugiere que muchas actitudes anti-LGBT+ que se manifiestan en algunas líneas de sistemas de creencias religiosas en la actualidad tienen un origen relativamente reciente ". Y elogia el hecho de que “incluso dentro de estas tradiciones religiosas, muchas denominaciones hoy en día han adoptado (o vuelto a adoptar) las identidades LGBT+ y consideran la libertad frente a la violencia y la discriminación basadas en SOGI como un elemento esencial de su fe”.

El informe temático de IE SOGI “pretende presentar voces de sistemas de creencias inclusivos LGBT, comunidades indígenas y comunidades religiosas LGBT+ como partes interesadas clave”. Otra intención es “abrir un espacio dentro del discurso y la práctica de los derechos humanos para reconocer y proteger mejor el acceso de las personas LGBT+ a la fe y la espiritualidad”.

Grupos de libertad religiosa preocupados

Una de las organizaciones que respondió a la convocatoria de aportes es el Instituto de Libertad Religiosa (RFI). “Los defensores de la política 'SOGI' tienden a caracterizar cualquier negativa a afirmar expresiones o conductas 'SOGI' como una 'discriminación' injusta. Como resultado, la política 'SOGI' podría ejercerse ampliamente contra personas e instituciones religiosas”, escribió RFI.

La ONU debe, por tanto, tener cuidado al “dar a tal política una expresión legal internacional” porque “cuando se promulga la política 'SOGI', a menudo se permite el uso de la coerción del gobierno contra personas e instituciones religiosas disidentes, poniendo en peligro su libertad religiosa”. 

“Debe afirmarse enfáticamente que todas las personas son dignas de protección plena contra la violencia y la discriminación envidiosa. Sin embargo, las instituciones internacionales, especialmente la ONU, deben abstenerse de infundir la política 'SOGI' en el derecho internacional como un medio para lograr la conformidad en las áreas de antropología y moralidad sexual”, agrega RFI.

La visión de entidades evangélicas

Evangelical Focus contactó a los representantes de la Alianza Evangélica Mundial (WEA) en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra para saber cómo ven este asunto.

“Amamos a todos, incluidas las personas LGBT+, porque Dios ama a todos. Y promovemos el diálogo con las organizaciones LGBT+ para cultivar el entendimiento mutuo y promover el respeto por todos”, dijo Wissam al-Saliby, director de la oficina de WEA en Ginebra.

Al mismo tiempo, prosiguió, “creemos que Dios nos creó hombre y mujer, y dispuso el matrimonio como lugar de las relaciones sexuales. Y tenemos derecho a no ser discriminados en base a nuestra visión de la sexualidad humana. La plaza pública debe ser una plaza pública abierta y acogedora”.

En los últimos años, el equipo de la WEA en Ginebra ha priorizado hablar con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las situaciones de persecución y discriminación que sufren los evangélicos y otras minorías religiosas. Pero también abordaron el género y la libertad de religión en una declaración oral en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2020, en respuesta a un informe del Relator Especial sobre Libertad de Religión o Creencia sobre género.

Luego, el organismo que representa a 600 millones de cristianos evangélicos habló de “una profunda preocupación” por “la sugerencia del informe de que el derecho internacional puede tener algún papel en la definición de las posiciones doctrinales de los grupos religiosos con respecto al papel de sus miembros. De hecho, no está claro en qué circunstancias defender la autonomía institucional de los grupos religiosos discriminaría 'desmesuradamente' por motivos de género, al igual que no está claro en qué condiciones la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos deberían autorizar a los Estados a regular el gobierno interno de las organizaciones religiosas”.

Comentando a Evangelical Focus, Al-Saliby considera desafortunado que el Experto Independiente de la ONU en temas de orientación sexual e identidad de género haga referencia a este informe de marzo de 2020, y específicamente a los párrafos que consideramos que tergiversan el derecho a la libertad de religión y el principio de autonomía de las instituciones religiosas. ”.

“Esperamos que los expertos de la ONU aborden el tema de la autonomía de las comunidades religiosas teniendo en cuenta la identidad colectiva de los grupos religiosos. El Artículo 18 Párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece limitaciones específicas y limitadas a la 'libertad de manifestar la propia religión o creencias'. El derecho a la autonomía de las instituciones religiosas no es una manifestación. No puede limitarse a la medida en que la autonomía doctrinal y la autonomía organizativa sean esenciales para la identidad y la supervivencia del grupo. Cualquier limitación de este tipo es una violación del derecho a la libertad de religión o creencias”, concluyó al-Saliby.