El Senado de Francia, principal obstáculo en la carrera por hacer del acceso al aborto un derecho constitucional, votó el 28 de febrero por amplia mayoría a favor de un texto que cierra un largo debate.

Con 267 “síes” y 50 “noes”, la cámara alta puso fin a la resistencia de los últimos meses al aceptar finalmente la redacción de un nuevo artículo constitucional que rezará así: “La ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad de la mujer de recurrir al aborto, que está garantizada”.

Fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien impulsó esta medida, en reacción a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. En marzo de 2023, Macron dijo que Francia “haría irreversible el derecho de las mujeres al aborto en 2024”, instando a los parlamentarios a llegar a un acuerdo “lo antes posible”.

Ahora, en lo que el primer ministro del gobierno, Gabriel Attal, ha calificado de “enorme avance” y de “protección que debemos a todas las mujeres”, una sesión conjunta de la Asamblea Nacional y el Senado sellará el 4 de marzo la reforma constitucional para hacer de la interrupción voluntaria del embarazo un derecho fundamental.

Lo que aún no está claro es si la mayoría podrá evitar el habitual referéndum necesario para certificar la aprobación por la población de los cambios constitucionales.

“Inspiración” para otros países

Hace dos años, Francia amplió el plazo legal para abortar de 12 a 14 semanas y ningún partido político importante ha dicho que piense revocar la ley de 1975. Por ello, los analistas afirman que convertirse en el primer país del mundo en incluir el derecho al aborto en su Constitución es un paso “simbólico” para presentar a Francia como un país defensor de los derechos de la mujer.

Algunos activistas a favor de la IVG (siglas en francés para referirse a la interrupción voluntaria del embarazo) afirmaron que la decisión de París “inspirará” ahora a otros países europeos para que incluyan la “libertad de las mujeres” a abortar. Otros grupos celebraron una “victoria colectiva de las organizaciones feministas y una fuerte señal enviada a las mujeres de todo el mundo”.

El Parlamento Europeo ya aprobó en julio de 2022 una moción en la que declaraba que el aborto debe ser un “derecho fundamental” en toda la UE. El texto no era vinculante y no tiene implicaciones para las legislaciones nacionales.

La oposición provida

En 2019, Francia registró su récord, con 232.000 interrupciones del embarazo.

El movimiento provida francés es fuerte especialmente entre los círculos católicos, lo que es visible en las Marchas por la vida anuales en París.

Organizaciones evangélicas más pequeñas, como el Comité Protestante de la Dignidad Humana (CPDH, por sus siglas en francés), han explciado recientemente a Evangelical Focus que “el aborto se ha convertido en un dogma para la mayoría parlamentaria” francesa. Esto, según el presidente del CPDH, Frank Meyer, “explicaría el rechazo a escuchar el sufrimiento de las mujeres que han abortado, y el deseo de trivializar y constitucionalizar este procedimiento”.