Líderes religiosos de la Iglesia de Escocia, la Iglesia Católica Romana de Escocia y la Asociación Escocesa de Mezquitas se han unido para expresar su oposición al proyecto de ley de suicidio asistido que se debatirá a finales de este año.

Recientemente han presentado una declaración conjunta en un acto celebrado en el Parlamento escocés, en la que advierten de que “la muerte asistida en sí misma socava inevitablemente la dignidad de la persona humana, y permitirla significaría que nuestra sociedad en su conjunto pierde su humanidad común”.

En la declaración subrayan que el proyecto de ley “hará que la vida humana se valore cada vez más en función de su eficacia y utilidad, [...] y aumentará la presión sobre las personas vulnerables para que opten por el suicidio asistido en lugar de sobrecargar a sus familias”.

“Nuestra oposición se basa en nuestra fe cristiana, e implica preocupaciones en torno a la aplicación de la ley en la práctica, la percepción del valor de las vidas humanas, y también el efecto que cualquier cambio puede tener en la prestación de asistencia, en particular, en los cuidados paliativos”, ha señalado el reverendo Greenshields, de la Iglesia de Escocia.

Respuesta de Liam McArthur

El liberal demócrata escocés Liam McArthur presentó el año pasado en el Parlamento el proyecto de ley de muerte asistida, tras obtener el respaldo de 36 diputados de distintos partidos.

La muerte asistida estaría disponible para personas mayores de 16 años con un pronóstico de vida no superior a seis meses. Según McArthur, “existe una necesidad inequívoca de cambiar la ley”.

“El proyecto de ley de muerte asistida que he propuesto ofrecería una opción más compasiva sólo a los enfermos terminales adultos mentalmente competentes, sujeta a estrictas salvaguardias y junto a una atención de alta calidad al final de la vida”, ha añadido en respuesta a las afirmaciones de los líderes religiosos.

Para conceder la muerte asistida, el proyecto de ley exige que la persona tenga la capacidad mental para tomar la decisión de solicitarla, y la confirmación por parte de dos médicos de que el paciente padece una enfermedad terminal.

Además, también permite un periodo de reflexión de 14 días y presupone que cualquier elección se haga sin coacción.