“Rusia debe seguir siendo una fuerte república presidencialista”, aseguraba el presidente ruso, Vladimir Putin, el pasado 15 de enero, cuando anunció que presentaría una serie de cambios a la Constitución durante su discurso sobre el Estado de la Nación. “El presidente debe, sin condición alguna, conservar el derecho de establecer las tareas y prioridades de la actividad del gobierno”, añadía el mandatario. 

La sorpresa de las afirmaciones se agrandó cuando, horas después, el gobierno federal ruso dimitía con su máximo responsable, Dmitri Medvédev, al frente y reconociendo que “los cambios fundamentales en la Constitución de la Federación Rusa” propuestos por el jefe del Kremlin están destinados a otorgar mayores poderes a la Duma y que, por tanto, la renuncia es lo “correcto”. 

A Medvédev ya le ha sustituido Mikhail Mishustin, mientras que Putin ya ha enviado a la Duma su propuesta de reforma constitucional, que ha sido aprobada por 432 de los 450 diputados que la componen. El presidente, además, también ha propuesto también un referéndum para reforzar con la opinión popular los cambios propuestos en la Constitución. “Aunque también es rico y liberal, Mishustin es visto como un tipo honesto y un gerente muy efectivo que finalmente ha conseguido que el sistema de impuestos funcionara correctamente. Medvedev no era visto como efectivo”, explica el portavoz para las relaciones externas de la Alianza Evangélica de Rusia, William Yoder, que asegura que la prensa nacional habla del 30 de abril como fecha para la celebración del referéndum propuesto por Putin.

Más de 700 modificaciones

El paquete de medidas presentado por Putin a la Duma incluye más de 700 cambios del texto constitucional. Entre las más destacadas, el refuerzo de la figura presidencial, que podría disolver el gobierno si no cumple con sus responsabilidades o “ha perdido la confianza” del presidente. Pero quizás una de las más polémicas es la del cambio de nomenclatura diplomática, relegando el término de ‘jefe de Estado’ por el de ‘gobernante supremo’ (verjovni pravítel en ruso). “Hablar de que Putin sería el ‘líder supremo’ ha sido una invención de un pequeño grupo de nacionalistas radicales. Putin es demasiado inteligente para permitir que la terminología lo ubique en la misma bolsa que Stalin o los norcoreanos. El gobierno ruso y Putin se preocupan por la opinión de occidente y considerarían que términos como este son un gran error”, señala Yoder. 

Sin embargo, la maniobra del presidente parece encaminada hacia conservar la influencia y el poder después de 2024, cuando expire su mandato actual y legalmente no pueda volver a presentarse a unas elecciones. “La aspiración de Putin es conservar el poder supremo en el país”, dice el líder del partido opositor Yábloko, Nikolai Rybakov.

Desde Rusia, Yoder explica que Putin “quiere preparar las cosas para su futura salida” de la presidencia. “Quiere que su sistema de liderazgo centralizado esté más fuertemente integrado en el gobierno. Su preocupación es hacer que la gente esté más satisfecha. El apoyo financiero del gobierno para niños, familias, jubilados, médicos y docentes se ha incrementado significativamente”, remarca.

¿Más poder para la Iglesia Ortodoxa?

Otra de las propuestas de modificación de la Constitución sugeridas por el presidente Putin sería el reconocimiento del cristianismo ortodoxo como la religión principal de Rusia. Una medida que afectaría el estado actual del artículo 14 de la Carta Magna, que declara el carácter laico de la Federación Rusa. 

De hecho, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Kirill I, ha insinuado que el nombre de Dios debería aparecer en la nueva configuración del texto constitucional. “Si en el himno se puede decir ‘patria querida protegida por Dios’, ¿por qué no se puede decir en la Constitución?”, ha preguntado el líder ortodoxo. Un guante que el Kremlin ya ha recogido asegurando que esta propuesta “también será debatida por la comisión” que está trabajando en la redacción de las diferentes enmiendas. 

Aunque Kirill remarca la prominencia de su institución, también ha matizado que en su pensamiento no solamente está el dios de los cristianos ortodoxos sino el de “muchos otros”. Unas declaraciones que generan cierta expectación en el ámbito evangélico. “La actitud evangélica es esperar y ver”, apunta Yoder, que recuerda la crudeza de la situación actual para las minorías religiosas más pequeñas. “Es temprano para que poder sacar conclusiones. Casi todas las escuelas teológicas protestantes permanecen sin la acreditación del Estado. La próxima audiencia del gobierno sobre este tema tendrá lugar el 20 de febrero. Los testigos de Jehová siguen siendo ilegales en el país. Pero ha habido indicios recientes de que la prohibición de reuniones religiosas en privado en edificios ajenos a las iglesias están siendo menos hostigadas que en el pasado. Tales restricciones fueron parte de las Leyes de Yarovaya de 2016. Sin embargo, ninguna de estas medidas represivas o positivas puede ser atribuida a los cambios que se plantean en la Constitución”, considera Yoder. 

En 2007, Putin aseguraba que “nuestra Constitución reza que la Iglesia está separada del Estado”. Habrá que esperar para ver en qué queda la propuesta de los ortodoxos y si la idea de Constitución del presidente ha cambiado en esta última década.