Al menos 17 iglesias evangélicas situadas en el distrito de Sant Andreu, en la ciudad de Barcelona, enfrentan la amenaza de cierre por los planes urbanísticos puestos en marcha por la administración. Algunas de estas iglesias ya han sido notificadas por parte de las autoridades locales sobre la necesidad de trasladarse ante la inminente clausura, mientras que otras fueron informadas en una reunión convocada recientemente por el Consell Evangèlic de Cataluña (CEC), que ha mostrado su preocupación por una decisión que “podría dejar a miles de creyentes sin un espacio donde congregarse”.

La zona de Sant Andreu, tradicionalmente un espacio industrial, cuenta con varias iglesias evangélicas que están situadas principalmente en naves o locales que han sido adaptadas para el culto. Algunas de ellas fueron compradas por las congregaciones, otras se mantienen en régimen de alquiler, pero todas ellas se están viendo directamente afectadas por los planes de reorganización metropolitanos, que implican la ampliación de la estación de tren de La Sagrera y una reconfiguración de toda la zona.

Según fuentes municipales consultadas por este medio, desde diciembre se ha realizado una inspección de once lugares de culto en el polígono de Bon Pastor, los cuales fueron informados de su situación irregular en el mes de octubre. Allí hay varios centros de culto “sin licencia de actividad”, explican las autoridades municipales, que mantiene que “la actividad de centro de culto no está permitida en suelo industrial según las Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano y, por tanto, el Ayuntamiento no tiene constancia de las condiciones de seguridad de los espacios y sus instalaciones”.

CEC-Ayuntamiento: Hay voluntad de entendimiento

En una circular enviada a las iglesias del CEC, la entidad evangélica manifestaba su “compromiso de defender los derechos de las iglesias y encontrar vías de solución”.

Guillem Correa, secretario ejecutivo del Consell Evangèlic, explicó este martes a Protestante Digital que estas vías de solución ya se están explorando. Tras una primera reunión mantenida con el alcalde, Correa pudo presentar la preocupación que existe entre los evangélicos ante la posibilidad de perder sus lugares de reunión. Desde el Ayuntamiento han mostrado su voluntad de cooperación a través de la Oficina de Asuntos Religiosos, y el CEC ha reconocido y agradecido “la voluntad de diálogo” mostrada por las autoridades locales.

Correa confirmó que próximamente se celebrará una reunión en la que, además de la comisionada de Asuntos religiosos del ayuntamiento, espera que esté presente la gerente del distrito. En esta reunión el consejo evangélico va a pedir dos cosas. “Primero, una moratoria lo más amplia posible para que haya tiempo de adaptación, de forma que las iglesias puedan aplicar medidas correctivas para ponerse legalmente al día o encontrar un lugar de traslado”; y en segundo lugar “cualquier ayuda económica para que las iglesias salgan lo menos perjudicadas posibles”.

El CEC también se ha puesto a disposición de las iglesias para acompañarlas y asesorarlas “en lo pastoral y en lo legal”. “Entendemos que el caso afecta a la libertad de culto, y lo que caracteriza el ejercicio fundamental de este derecho es que las personas se puedan reunir en el lugar de culto a lo largo de la semana. Sin esto, no hay libertad religiosa ni vida de comunidad”, advierte Correa. La voluntad del CEC es ayudar a todas las iglesias afectadas, incluyendo también a aquellas que no formen parte del Consell Evangèlic.

Fuentes municipales consultadas por Protestante Digital confirmaron que la reunión se celebrará “en las próximas semanas”, una reunión en la que el Ayuntamiento informará “de las actuaciones” llevadas a cabo y mostrará su disposición para “trabajar juntos en encontrar una solución satisfactoria por ambas partes”.

“Las iglesias están sufriendo”

Según el Consell Evangèlic, en estos momentos “a la mayoría de las iglesias” las autoridades les plantean “el cierre en las actuales dependencias” y un traslado, pero Correa espera que se pueda revisar caso por caso para encontrar la mejor solución.

“Las iglesias están sufriendo, porque todas ellas van a tener que trasladarse, lo que implica situaciones difíciles. Muchas están en ayuno y oración, buscando la mejor solución posible. Por parte del Consell agradecemos la voluntad de diálogo del Ayuntamiento de Barcelona”. Aunque reconoce que “es difícil, porque al ser un plan metropolitano no sabemos si tienen margen de maniobra, pero sí tiene margen de acompañamiento, y a eso vamos a apelar”. En esta próxima reunión “pediremos medidas extraordinarias”, concluye Guillem Correa, “porque estamos ante una situación extraordinaria: no podemos dejar a 15 o 20 iglesias sin un lugar de reunión”.

Desde el Ayuntamiento confirmaron que “la Oficina de Asuntos Religiosos, del departamento de Interculturalidad municipal, está acompañando y asesorando a las comunidades que lo piden para ayudarles a garantizar que los posibles locales para los nuevos centros de culto que pueden interesarles cumplan la normativa para solicitar la licencia”.