La reforma de la Ley del aborto aprobada por el gobierno en mayo de 2022 contemplaba la regulación de la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud. Una medida que, en marzo de este año, la ministra de Sanidad, Mónica García, concretó en la creación de un registro de sanitarios objetores por motivos de conciencia en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. 

El Ministerio de Sanidad ha aprobado ahora, el protocolo para la creación de ese registro, en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del 2024. García ha reivindicado el aborto como “un derecho fundamental” y ha lamentado como algo “inadmisible” lo que considera un “incumplimiento” de la normativa que lo regula “en algunos lugares de nuestro territorio”, en referencia a las Comunidades Autónomas que se han mostrado críticas con la ley y la propuesta del mecanismo para regular la objeción de conciencia. 

“Ya no hay excusas. Ya tenemos ese protocolo común. Esperemos que las Comunidades cumplan con su parte y elaboren ese registro para que los centros públicos puedan planificar y evitar objeciones en bloque y así evitar desplazamientos forzosos de las pacientes y derivaciones a la privada”, ha dicho la ministra.

¿Cómo funciona?

El protocolo para el registro de objetores en el aborto prevé dos tipos de objeción con los que las personas podrán inscribirse: total o parcial. La primera hace referencia a profesionales sanitarios que rechazan intervenir en una interrupción voluntaria del embarazo bajo cualquier circunstancia. En la modalidad parcial se incluyen algunos casos en los que se puede objetar, como por petición de la mujer dentro de las primeras 14 semanas de embarazo, por causa de grave riesgo para la vida de la mujer hasta la semana 22, por causa de riesgos graves en el bebé también hasta la semana 22 o por causa de anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto.

El mecanismo contempla la creación de un registro de personal de salud objetor de conciencia en cada Comunidad Autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Por ahora, no se prevé que los datos del registro puedan ser compartidos entre territorios y se restringe su acceso a los responsables de la gestión de recursos humanos para los abortos. 

En el ‘listado’ figurarán todos los profesionales que intervienen directamente en un proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Esto es: ginecólogos y obstetricias, anestesistas, médicos de familia, enfermeras y matronas.

Médicos evangélicos: “Supone un control no justificado”

Aunque desde Sanidad aseguran que el registro tiene como finalidad la gestión de los recursos humanos vinculados al aborto y no la “discriminación de ningún profesional”, algunas voces de evangélicos en el colectivo del personal sanitario desconfían del mecanismo. 

“El registro supone un control no justificado sobre los médicos que deciden libremente objetar. Sin duda, se puede utilizar para ‘marcar’ a esos médicos”, opina Xesús Manuel Suárez, médico y secretario general de la Alianza Evangélica Española. Además, considera “pobre” la justificación que da el Gobierno de que “necesita garantizar el acceso al aborto, que se ve impedido por el número de médicos objetores”, y lamenta que el ejecutivo “no parece que tenga esa misma inquietud por garantizar la asistencia médica a personas que necesitan una atención de garantía”. 

“Estos días atendí en mi consulta privada a un paciente diabético tipo 1 al que la Sanidad Pública no le garantiza una atención médica de calidad. Es un ‘diabético juvenil’, insulindendiente, y el endocrinólogo de la Seguridad Social lo está viendo una vez al año y en medio lo atiende a veces una enfermera por teléfono. Ese interés del gobierno por la atención del sistema no debe ser selectivo, tan exigente para el aborto y tan laxo para enfermedades que comprometen la vida de los pacientes”, asegura Suárez.

Además, recuerda que “la objeción de conciencia puede ser sobrevenida”. “Un médico puede objetar ahora y no objetar dentro de seis meses, o al revés”, dice Suárez. “Con la normativa, esto no se permite”, defiende. “En contraste, uno puede sentirse hombre hoy y mujer dentro de seis meses, y el gobierno facilita el cambio en su reconocimiento legal. Ante situaciones equiparables, el gobierno es muy exigente con una cosas y muy laxo en otras. Su postura es poco creíble, demasiado condicionada por sus prejuicios ideológicos. Hay que gobernar para todos, no solo para los que piensan como el gobierno”, señala. 

Pedro Tarquis, también médico de profesión y jubilado en la práctica, y presidente de Areópago Protestante, subraya que “nunca se puede hacer una lista de los ‘disidentes’ en relación con una ley porque siempre se genera la sospecha de cómo se va a utilizar, por mucho que se diga que va a ser privado”. “Lo que habría que hacer es todo lo contrario, es decir, una lista de los profesionales de la salud que estén dispuestos a participar en una práctica de aborto. Que se signifique el que quiera apuntarse a un tipo de práctica sería lo correcto”, dice.

Otras reacciones

Entidades como el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia y Profesionales por la Ética han mostrado su rechazo al mecanismo aprobado por el Ministerio de Sanidad alegando, entre otras cosas, que "vulnera los derechos humanos" y "discrimina". "La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias", dicen.

También se muestran preocupados por la afectación que puede suponer para la privacidad de los profesionales ya que el registro podría "implicar la recopilación y almacenamiento de información personal sensible", y hablan incluso de "represalias". "Un registro de objetores podría abrir la puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo", consideran.