El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados pidiendo la supresión de la Fundación Pluralismo y Convivencia debido a que, según comunica el partido en su página web, la actividad de la fundación “se ha limitado a difundir y promover confesiones que son, en algunos casos, hostiles a la convivencia democrática y que atentan contra la dignidad de las mujeres”. El comunicado de Vox no especifica a qué confesiones se refiere de las que reciben apoyo de la Fundación, es decir, la evangélica, la islámica y la judía.

Vox pide al Congreso que inste al Gobierno a suprimir la Fundación Pluralismo y Convivencia “por ser un ejemplo de gasto político improductivo, y destinar el dinero público (1.980.000 euros de subvención incluida en los PGE de 2023) que hasta ahora se presupuestaba para su sostenimiento y actividad a resolver la emergencia social y económica que afrontan las familias españolas”.

Qué es la Fundación Pluralismo y Convivencia

La Fundación fue creada en 2004 a propuesta del Ministerio de Justicia durante el gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. La fundación recibe fondos de los Presupuestos del Estado para desarrollar programas de apoyo a las religiones minoritarias en España, específicamente a las que cuentan con acuerdos con el Estado, como son la evangélica, islámica y judía.

La Fundación, que ha mantenido su funcionamiento durante los gobiernos de PSOE (2004-2011) y PP (2011-2018) y con la coalición actual, ha tenido una partida presupuestaria desde 2004 que ha variado de acuerdo a la designación de los presupuestos del Estado de cada ejercicio. En 2010 alcanzó el que ha sido su máximo presupuesto, con algo más de 5 millones de euros, que fueron drásticamente recortados hasta poco más de un millón en euros.

Desde 2014 la Fundación contaba con 1.380.000 euros que recibia anualmente hasta 2017, cuando pasó a recibir 1.750.000 euros. El presupuesto de 2019 a 2021 fue de casi 2 millones de euros, que se ha mantenido en los PGE aprobados recientemente. Todos los datos económicos de la Fundación se pueden consultar en su memoria anual.

Actualmente, la fundación está adscrita al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Define su misión como la de “incentivar el reconocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa como elementos básicos para la garantía del ejercicio efectivo de la libertad religiosa y la construcción de un adecuado marco de convivencia”, lo que lleva a cabo a través de cuatro objetivos estratégicos, entre ellos la “ejecución de programas y proyectos por parte de las confesiones religiosas no católicas con Acuerdo de cooperación con el Estado español o con notorio arraigo en España relacionados con la promoción del ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa”, la “mejora del conocimiento sobre la diversidad religiosa en España, su impacto y necesidades derivadas”, la “mejora de la gestión de la diversidad religiosa” y la “construcción de una opinión pública informada y tolerante con la pluralidad religiosa”.

La Fundación cuenta con un patronato en el que participan representantes de las federaciones protestante (FEREDE), islámica (Comisión Islámica de España) y judía (FJPE). Entre sus proyectos propios se encuentra el Observatorio del Pluralismo religioso, donde se presentan estadísticas y estudios de interés sobre la implantación de las minorías religiosas, trabajos específicos para el uso de administraciones locales en la gestión de la diversidad religiosa, o la promoción del estudio del desarrollo de estas minorías en nuestro país a nivel social o cultural.

La fundación cuenta con una asignación presupuestaria de unos 2 millones de euros que mayoritariamente destina a las federaciones evangélica, musulmana y judía para su desarrollo. Además, hay otra línea de financiación para proyectos a los que pueden optar las distintas entidades religiosas que forman parte de estas federaciones (en el caso evangélico, cualquier iglesia u organización que esté inscrita en FEREDE puede presentar proyectos para optar a financiación).

Vox denuncia “dogmas globalistas” y la promoción del islam

En su proposición de ley, Vox dice que bajo estos fines “aparentemente loables” esconden una labor que “se caracteriza por promover no sólo confesiones hostiles a la convivencia democrática”, sino que “todas sus acciones están impregnadas de los dogmas y pretensiones de transformación social globalista que representa la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Según Vox, ejemplo de ello sería uno de los informes elaborados por la fundación titulado “Ciudadanía, juventud e islam. El asociacionismo de los jóvenes en España”, a través del cual ofrece “una panorámica de las principales entidades e iniciativas en las que participan de modo activo jóvenes musulmanes españoles en el conjunto del país” y “analiza los debates y discursos internos que se desarrollan en el seno de estas entidades”. El partido verde no explica de forma concreta qué es lo que encuentran preocupante del estudio señalado.

Para Vox, la Fundación Pluralismo y Convivencia es un “espacio ideológico al servicio del propósito sectario del Gobierno que utiliza el dinero de los españoles para difundir su agenda ideológica y que perpetra un ataque frontal a nuestra identidad y raíces”.

El partido denuncia que el Gobierno, a través de la Fundación, “facilita que otras confesiones religiosas adquieran una mayor influencia en nuestra sociedad perpetrando el efecto llamada de la inmigración ilegal y potenciando el llamado multiculturalismo”. Vox afirma que es necesario eliminar “todos los chiringuitos ideológicos a través de los cueles el Gobierno financia a sus satélites propagandísticos con el dinero de todos los españoles”, para lo que consideran necesario “eliminar las entidades que se alejan por completo de las necesidades reales de los españoles, el bien común, la convivencia, el Estado de Derecho y la identidad de España, y que sólo sirven a fines de colocación y subvención a personas y entidades afines a los postulados disolventes de la izquierda”.

La Proposición no de ley tiene ahora que ser tramitada por la Mesa del Congreso, que decidirá si se admite a trámite para el Pleno o a la Comisión competente.

Consultado por este medio, FEREDE ha expresado que está valorando la noticia y estudiando una respuesta.