El Gobierno ha decicido acelerar los plazos para sacar adelante el Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocido como la ley trans.

El acuerdo de la Mesa de la Cámara a propuesta del Gobierno, que contó con los votos favorables de todos sus integrantes excepto PP y Vox, permitirá acortar los plazos al tramitarse por vía de urgencia, dando a la Comisión de Igualdad competencia legislativa plena. Esta medida impedirá que se dé un debate en profundidad con todos los diputados dentro del hemiciclo -salvo que prospere alguna petición en los próximos días-. Este procedimiento será el mismo para la ley del aborto.

Aunque el paso por la Comisión de Igualdad tampoco garantiza que la ley vaya a salir adelante sin oposición, considerando que está actualmente presidida por la ex ministra de presidencia, Carmen Calvo, una de las voces importantes en el PSOE en contra de la ley trans.

Aunque no hay una expicación detallada sobre esta “aceleración” en los plazos, diversos analistas consideran que el Gobierno intenta que la norma pueda salir adelante en esta legislatura.

Una ley polémica

Tanto la ley trans como la ley del aborto cuentan con un claro poso ideológico que ha generado controversia en el ámbito político, jurídico y social. En el caso de la ley trans, colectivos feministas se han manifestado con rotundidad en contra de la ley. A ello se le han unido críticas desde diversos puntos de vista, como el jurídico, en un análisis realizado por el CGPJ muy desfavorable para el texto presentado por el Ministerio de Igualdad. Con la misma preocupación se manifestó el Consejo de Estado, considerando los peligros de desprotección en los menores que puede tener la norma.

Entidades cristianas como la Alianza Evangélica Española y FEREDE han mostrado su preocupación ante la tramitación de la ley, enfatizando el perjuicio que supondría para mujeres y menores específicamente, pero también para toda la sociedad en su conjunto.