La conocida como ‘ley trans’ ha sido aprobada por el Consejo de Ministros este lunes. A pesar de la crítica de colectivos feministas, organizaciones cívicas y sociales e incluso el informe negativo presentado por el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno apenas ha introducido modificaciones en el borrador preparado por el Ministerio de Igualdad.

Ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha presentado tras el Consejo de Ministros la norma aprobada. “Nos situamos a la vanguardia en defensa de los derechos de las personas LGTBI y trans”, expresó Montero, diciendo que “todos, todas y todes podemos sentirnos muy orgullosos con esta ley”.

El objetivo de la ley, segun el gobierno, es avanzar en la despatologización de la transexualidad y en la autodeterminación de género. Este segundo punto ha sido el que ha generado más debate y tensión incluso en el seno del Gobierno, donde algunos actores del PSOE mostraron su inquietud por la introducción de un concepto de libre asignación de género que provoca muchas dudas en su aplicación práctica.

La ley aprobada será ahora remitida al Congreso de los Diputados, donde se espera un intenso debate ante una norma que afecta a tantos aspectos importantes relacionados con el sexo, el género, la sexualidad, la educación, o la configuración binaria de la sociedad.

Menores

La propueta aprobada en el Consejo de Ministros permitirá la rectificación del nombre y el género en el registro legal a partir de los 16 años con total libertad. El menor de 12 años no podrá cambiar de género salvo autorización judicial. En ese tramo de edad hasta los 14 años, el juez valorará su madurez y estabilidad. De 14 a 16 años se precisa el respaldo paterno o de los tutores legales (y si hay discrepancias, puede ir acompañado de un defensor judicial). No serán necesarias pruebas testificales o declaración de terceras personas, ni informes psiquiátricos, médicos o una terapia de hormonación durante al menos dos años como se pedía en la actualidad.

Sin informes médicos ni de expertos

El cambio de sexo en el registro civil queda, por tanto, a voluntad del individuo a partir de los 16 años. No será necesario un informe médico o psiquiátrico ni tratamiento médico para solicitarlo, simplemente se incluye una revisión de la decisión a los tres meses. Si se arrepiente, el proceso serrá reversible en los seis meses siguientes.

Según el Gobierno las personas que soliciten la rectificación del sexo van a mantener los derechos y obligaciones jurídicas anteriores y no se va a evitar de esta forma una condena con agravante por razón de género. Algunas asociaciones feministas habían expresado su temor a que maltratadores pidan ser reconocidos como mujeres para burlar la ley.

Prohibidas las terapias de conversión

La normativa busca la “despatologización de la transexualidad” incluyendo protocolos específicos en el ámbito de la salud para la atención a las personas trans y la inclusión plena en los tratamientos de reproducción asistida.

Además se prohíbe las llamadas terapias de conversión, que ofrece asesoramiento a personas que quieran modificar su tendencia, y prohíbe las cirugías genitales por motivos no médicos a personas intersexuales.

“Las vidas LGTBI no necesitan cura”, ha dicho Irene Montero, añadiendo que se reforzará “la educación en diversidad, que será incluido en los currículos de educación”.

Infracciones

La norma incluye infracciones administrativas leves, graves o muy graves, que van hasta los 100.000 euros, entre quienes efectúen algún tipo de discriminación contemplados en la ley.

Los “contenidos educativos discriminatorios” también serán sancionados, ha avisado Montero.

Una ley polémica

La ley LGTBI y trans ha estado marcada por la polémica, incluso llevando al enfrentamiento en el Gobierno entre distintos ministerios, lo que provocó la salida del mismo de Carmen Calvo. La norma ha sido fuertemente criticada desde colectivos feministas, así como desde muy diversos ámbitos profesionales.

Esta tensión se ha ido reflejando de forma más evidente en los últimos meses, siendo un ejemplo claro las manifestaciones del Día de la Mujer, en la que muchos colectivos feministas dieron la espalda a la convocatoria apoyada por el Ministerio de Igualdad del Gobierno.

En el ámbito evangélico, la Alianza Evangélica Española expuso ya en noviembre de 2020 su oposición a una norma que“pone en riesgo” a mujeres y niños, con una propuesta que ignora la ciencia y medicina, además de “crear una sociedad con diferentes niveles de derechos”.

La presidenta del grupo de Mujer y Sociedad de la AEE, Asun Quintana, compartió en una conferencia-coloquio en marzo de 2021 los problemas que esta norma generaría a nivel social en caso de ser aprobada. “No nos alarma la proposición de ley solo porque sea contraria a nuestra cosmovisión cristiana -comentó Quintana- sino porque amenaza a las libertades democráticas, coarta la libertad de conciencia y la libertad de expresión e invade competencias propias de la sociedad civil y la familia”.