Durante el periodo de tiempo previo a la aprobación de la Ley de eutanasia por parte del Congreso de los Diputados, diferentes instituciones y sectores de la sociedad ya manifestaron su valoración pública de la normativa, como la Alianza Evangélica Española o el Comité de Bioética de España. Después de ser refrendada la norma en la sesión parlamentaria del pasado 17 de diciembre, más voces han seguido pronunciándose acerca de las implicaciones de la nueva regulación.

Entre ellas, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que ha emitido un comunicado junto con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región. Según el texto publicado por los tres entidades, la eutanasia “conlleva acciones de gravedad a nivel personal e institucional” y la equiparan a “‘una pendiente deslizante’ hacia la eliminación y corrupción del derecho a la vida”.

El Consejo de Colegios Médicos de Cataluña también se ha pronunciado sobre la aprobación de la normativa, evitando valorar la decisión del Congreso y centrándose en las repercusiones desde el punto de vista de los profesionales de la salud. Aunque consideran que hay personas que, “en función de su grave situación clínica y del dolor insoportable que esta le provoca, desean disponer de su propia vida y necesitan ayuda técnica para hacerlo de manera eficaz e indolora”, también recuerdan que “el acceso a los cuidado paliativos puede rescatar a la mayoría de los enfermos incurables de la desesperación y de las ganas de morir”.

“Nadie debería desear la muerte por falta de cuidados paliativos”

Los médicos madrileños y catalanes coinciden en sus declaraciones en el punto referente a los cuidados paliativos y la necesidad de desarrollarlos. “Demandamos una Ley General de Cuidados Paliativos, previo diálogo con los profesionales sanitarios y la retirada del proyecto de ley de eutanasia”, remarcan desde Madrid. 

Desde Cataluña apuntan que “hay suficiente base legal y deontológica para evitar la obstinación terapéutica a través de la adecuación del esfuerzo terapéutico, así como para aliviar el sufrimiento, si es necesario mediante la sedación”. “Pero no todas las personas que lo necesitan tienen acceso a los cuidados paliativos. Las autoridades sanitarias tienen aquí una asignatura pendiente y una gran responsabilidad para darle la vuelta al ‘cómo’ mueren muchas personas. Nadie debería desear la muerte por falta de cuidados paliativos. Por eso, reivindicamos que la atención paliativa al final de la vida sea universalmente accesible”, aseguran. Además, advierten de que “situaciones de precariedad pueden condicionar la libertad de decisión individual”.

“La visión integral del enfermo exige contemplar también el ámbito familiar, social y económico de su bienestar, así como valorar las condiciones que permitan vivir bien una enfermedad grave, sin carencias importantes previas a la muerte. Las autoridades políticas no pueden eludir su responsabilidad en el completo desarrollo previo de la ley de dependencia”, remarca el Consejo de Colegios Médicos de Cataluña.

Los sanitarios madrileños ven, también, “incomprensible que, en ausencia de demanda social, la ley se tramite de forma acelerada por decreto”, y lamentan lo que consideran una falta de diálogo con el sector y “contra el criterio del Comité de Bioética”. 

“El registro de sanitarios objetores puede no garantizar la preservación de este derecho”

En ambos comunicados también se resalta una preocupación por el impacto de la normativa en el ejercicio médico de los profesionales de la salud. En este sentido, desde Madrid hablan de “indefensión” del colectivo sanitario y critican que se haya aprobado la ley “teniendo en cuenta la situación de pandemia y el gran número de sanitario que se han visto afectado por el coronavirus”.

Además, han anunciado que si el gobierno no retira la ley, se reservan “el derecho de solicitar a la Comunidad de Madrid, última responsable de la sanidad en nuestro ámbito, la no aplicación” de la norma.

Desde Cataluña piden que “es necesario garantizar la libertad de conciencia del médico estableciendo mecanismos que respeten el derecho de objeción de manera reglada y planificada, evitando que pueda ser discriminado en su lugar de trabajo por razones de conciencia”. En cuanto al ‘registro de profesionales sanitarios objetores’ que prevé la ley, aseguran que “puede no garantizar la preservación de este derecho constitucional”. “Su creación no parece una solución ni idónea ni necesaria, ni supera un juicio de proporcionalidad”, añaden.