La Alianza Evangélica Española ha lamentado la politización del debate surgido alrededor del ‘pin parental’, la medida aprobada en Murcia que permite a las familias mantener el consentimiento de la asistencia de los hijos a determinadas actividades y charlas de diferentes temáticas, entre ellas la sexual, y ha pedido al gobierno central que “se abstenga de ensanchar sus competencias más allá de lo que la sociedad civil le permite”. “[El gobierno] No tiene derecho a restringir las competencias de la familia”, ha asegurado la entidad en un comunicado publicado este martes.

Desde la organización se muestran preocupados por lo que consideran una manipulación y defienden que “el meollo del debate no está ya en el contenido de algunas actividades extraescolares o complementarias, sino que en algunas de ellas se está cediendo a impartir la ideología de los colectivos del lobby LGTBI y se está imponiendo a nuestros hijos de un código de valores cargado de ideología que no permite la discrepancia”. “Saquemos la cuestión fuera de la confrontación ideológica, porque la reclamación de las responsabilidades de la familia no es una cuestión de derecha ni de izquierda, sino de todos”, han añadido.

En su comunicado, la Alianza Evangélica Española acusa al gobierno de amenazar con este debate “los límites del poder del Estado, los derechos y responsabilidades inalienables de la sociedad civil y un derecho fundamental en toda democracia: el de la objeción de conciencia”. 

Vulneración de tratados internacionales

Desde la entidad aseguran que con la decisión del Estado, de llevar ante la justicia la medida aprobada en Murcia, “se están poniendo libertades en riesgo”. En este sentido, la Alianza cita cinco tratados internacionales que, dicen, “el gobierno debería revisar con más cuidado”. 

Apuntan al artículo 18.1 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que “incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño”. O también a la cláusula 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza la preferencia de los padres “a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

También citan el apartado 5.4 de la Resolución 2163 del Consejo de Europa, que prevé “garantizar opciones fáciles de aplicar para que los niños o los padres obtengan exenciones de los programas estatales obligatorios de educación religiosa que estén en conflicto con sus profundas creencias morales o religiosas”, el punto 62 del Memorándum de la Convención Europea contra el Racismo y la Intolerancia, que señala que “los organismos responsables de supervisar la aplicación de las obligaciones de los estados en este asunto están preocupados porque las restricciones al uso de discurso de odio se pueden utilizar sin justificación para silenciar a las minorías o para reprimir la crítica a las políticas oficiales, la oposición política o las creencias religiosas”; y la segunda cláusula del Protocolo Adicional de la Convención Europea de Derechos Humanos, que pide al Estado respetar “el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. Además, aluden al artículo 27.3 de la Constitución, que obliga a la Administración a garantizar “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

“El Gobierno dice que promueve valores de libertad, pero quiere hacer prevalente su autoridad por encima de ese componente fundamental de la sociedad civil que es la familia”, dicen desde la Alianza.

Llamado a la despolitización

La entidad hace un llamado expreso a “descubrir el verdadero meollo del debate y a reaccionar con responsabilidad frente a él, liberándose de la manipulación, porque está en juego el sistema de libertades”. “Presentar el asunto como una confrontación entre la derecha y la izquierda, el conservadurismo y el progresismo, es una falacia semántica. Denunciamos así la desnaturalización del debate cuando se pretende convocar al sector ‘progresista’ de la sociedad a apoyar sin fisuras los postulados del Gobierno frente a la ‘derecha recalcitrante’; es una presentación falsa que pretende la adhesión acrítica de quienes se reconocen progresistas”, lamentan. 

La Alianza utiliza como ejemplo la lucha por la objeción de conciencia contra el nacionalcatolicismo. “Quisieron adoctrinar a nuestros hijos; frente a esto, hicimos dos cosas: Por una parte, levantamos nuestro derecho a la objeción de conciencia y conseguimos en plena dictadura que a nuestros hijos se les eximiese de la obligación de asistir a esas clases de adoctrinamiento. Por otra parte, nos aseguramos entonces de explicarles en el hogar a nuestros hijos los valores sobre los que queríamos que construyesen sus vidas, y en ese entorno no hay Gobierno dogmático que pueda entrar”, remarcan desde la entidad, que también anima a los padres a adoptar esta actitud en los diferentes centros escolares y se ofrece en apoyo.

Pueden leer el Comunicado completo en la web de la Alianza Evangélica Española.