El Consejo de Ministros celebrado este viernes ha aprobado un requerimiento a la consejería de Educación de la Región de Murcia, en el que solicita la retirada del ‘pin parental’ aprobado por el Gobierno regional para comienzo del próximo curso.

La medida impulsada en el Gobierno de Murcia a propuesta del partido político Vox pretende que los padres den consentimiento expreso para la participación de sus hijos en cualquier actividad con una carga ideológica o moral contraria a la de sus padres. De esta forma, por ejemplo, se podría vetar la participación de alumnos en talleres de sexualidad que en muchos casos son impartidos desde asociaciones LGTBI.

En su página web, Vox defiende que el ‘pin parental’ es una medida para impedir “talleres y clases sobre ideología de género”, lo que “incumple el artículo 27.3 de la Constitución Española”.

En Murcia, el acuerdo al que han llegado esta semana para aprobar los presupuestos de PP y Ciudadanos incluye la puesta en marcha de esta medida. En su acuerdo de investidura, Vox y Populares expresaron que se “garantizará la obligatoriedad del consentimiento expreso para que los padres pudieran decidir la asistencia de sus hijos a enseñanzas relacionados con contenidos éticos, morales o sexuales”.

El Gobierno reacciona

La respuesta del Gobierno central no se ha hecho esperar. Pedro Sánchez utilizó sus redes sociales para avanzar el requerimiento que se realizaría a la Región de Murcia para que retire esta medida.

El pin parental vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación. Se trata de un derecho fundamental, de un derecho constitucional. Por eso, @educaciongob recurrirá ante los tribunales la decisión del Gobierno de la Región de Murcia.
Seremos firmes, #NoAlPinParental. https://t.co/LLNSFGxPZ5

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 16, 2020

Esta mañana, la Ministra de Educación Isabel Celaá ha ido un paso más allá, explicando las medidas por las que el Gobierno se opone al ‘pin parental’.

Celaá expresó que la medida vulnera el “derecho de toda persona a ser educada” y afecta “al tronco fundamental de la enseñanza”. Ha cuestionado que se trata de una medida que “contraviene las competencias del centro educativo”. Desde el Gobierno reclaman “que la legalidad se restablezca” y se proceda a su retirada.

Según la ministra de Educación, este derecho fundamental pertenece a cada persona desde su nacimiento por lo que considera que “no podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres”.

A continuación la ministra de igualdad, Irene Montero, ha agregado que el ‘pin parental’ “es un elemento de censura educativa y machismo. Los hijos e hijas de padres y madres homófobos tienen derecho como cualquier otro niño de ser educados en que tienen derecho a amar a quien quieran, como quieran, y ser educados en libertad, en el feminismo y en la igualdad”.

En Madrid, a debate

El debate en torno al ‘pin parental’ podría extenderse a Madrid, donde el consejero de Educación e Investigación, Enrique Ossorio, ha dicho que el Gobierno regional está “abierto” a su aplicación.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que “cualquier medida” como el pin parental le parece “adecuada y acertada” para “garantizar el derecho fundamental” de los padres a educar a sus hijos “libremente”.