La Comunidad Valenciana aprueba su Ley de igualdad LGTBI

La Comunidad Valenciana ha aprobado una ley de igualdad a favor del colectivo LGTBI, con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos, Compromís y Podemos. 

El otro partido de la cámara, el Partido Popular, se ha abstenido en la votación, habiendo presentado enmiendas a favor del tratamiento de la diversidad sexual en la educación, pero con garantías de respeto a la libertad de cátedra, la visión de cada centro y la autonomía pedagógica.

La ley se basa sobre todo en un carácter asistencial y el acceso a determinados servicios públicos, juntamente con una garantía de protección que implica a la Administración y que recoge sanciones elevadas.

Así, la nueva ley permitirá a personas del colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales en el territorio valenciano, disfrutar de servicios de atención sanitaria específicos, además del acceso a la reproducción asistida.

En el ámbito de la educación, el texto habla de un sistema “respetuoso, libre de toda presión, agresión o discriminación por motivos de orientación sexual”, en el que se incorpore al programa educativo el tratamiento de la diversidad sexual.

Además, se ha anunciado la creación de un Espacio de Memoria LGTBI, de carácter cultural e histórico, acerca de lo orígenes de este colectivo.

La Administración pública valenciana también se compromete, a través de la ley aprobada, a adquirir un rol de control directo en el cumplimiento de la misma. Para ello propone la creación de un organismo específico, el Consejo valenciano LGTBI, que evaluará el estado y cumplimiento de los objetivos de la ley.

También se obliga a sí misma a ofrecer servicios concretos de atención jurídica y social y a la creación de grupos especializados en delitos de odio en los cuerpos de policía locales de las ciudades de más de 50.000 habitantes. 

HASTA 120.000 EUROS DE MULTA POR INTENTO DE “REORIENTAR”

Dentro del apartado de sanciones, destaca el carácter punitivo con el que se tratan las terapias e intentos destinados a modificar la orientación sexual de las personas, con multas que oscilan entre los 60.000 y los 120.000 euros. “No sólo condenamos el odio, sino que también nos llenamos la boca y el corazón de libertad”, ha manifestado la diputada de Podemos, Cristina Cabedo. 

La norma también implica la consideración de los casos de violencia contra personas del colectivo LGTBI como familiar, así como equiparar las valoraciones de idoneidad en los procesos de adopción.