El Gobierno se opone a la legalización de la prostitución

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su oposición a la legalización de la prostitución y a cualquier movimiento que procure dar cobijo a esta práctica, ya sea en forma de sindicatos o patronales.

Sánchez ha querido zanjar una polémica que se inició el pasado 4 de agosto, cuando el BOE publicaba la aceptación en el registro del Ministerio de Trabajo del sindicato OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales), lo que vendría a reconocer que la prostitución es un trabajo.

Esta designación choca frontalmente con la política de igualdad que ha defendido el Ejecutivo en los últimos años. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, admitió que la publicación en el BOE del registro del “sindicato de trabajadoras del sexo” había sido un error por el que pediría explicaciones a la directora general de Empleo, Concepción Pascual, que firmó la resolución sin consultarle ni informarle de la tramitación de este expediente.

Este jueves ha sido el presidente quien se ha manifestado en contra del establecimiento de este sindicato y ha informado que ya se han iniciado los trámites para impugnar la legalización del mismo.

A través de su cuenta de Twitter, Pedro Sánchez ha expresado que “la prostitución no es legal en España y este Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita”.

“Este es un gobierno feminista, partidario de la abolición de la prostitución”, ha añadido Sánchez.

SITUACIÓN DE ALEGALIDAD

El de la prostitución es un debate largamente postergado en España. La prostitución está en una situación de alegalidad, lo que permite que se ejerza sin mayores dificultades. Se calcula que es un negocio que mueve uno 8 millones de euros diarios. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la prostitución representa el 0,35 % del Producto Interior Bruto Nacional, alrededor de 3.783 millones anuales.

En Europa, los países que han legalizado la prostitución, como Países Bajos o Alemania, han comprobado que las condiciones no mejoran y se fomenta aún más la trata de personas.

En abril de 2014, el Consejo de Europa aprobó un informe en el que se demostraba la vinculación entre la prostitución y el tráfico de personas en el continente. Presentado por el europarlamentario José Mendes Bota, el informe aportaba pruebas, estadísticas y testimonios personales en los que las víctimas de trata denunciaban la situación de esclavitud a la que habían sido sometidas. 

El informe recomendaba a los Gobiernos fortalecer legalmente la lucha contra la trata a través de leyes que sigan el modelo nórdico, donde se penaliza al cliente – la persona que paga por servicios sexuales– y no a la persona prostituida.