En un acto de reconciliación, reparación y verdad, la Fiscalía General de Colombia restituyó simbólicamente los cuerpos de ocho líderes cristianos que fueron asesinados y enterrados en una fosa común en una zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare.

El evento se realizó en el auditorio de Medicina Legal de la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta, y estuvo presidido por el director seccional del Guaviare, el fiscal del caso y un fiscal especializado, así como funcionarios de psicología del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Durante la ceremonia, la Fiscalía entregró documentos y certificados de plena identificación de los cuerpos, y explicaron el procedimiento para la localización y recuperación de los cadáveres.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús y Carlos Valero, Marivel Silva, Maryuri Hernández, Isaid Gómez, Óscar Hernández, Nixon Peñaloza Chacón y James Caicedo.

Líderes religiosos y sociales

Las víctimas eran “de familias campesinas que predicaban el evangelio en espacios comunitarios y no en grandes iglesias, pero que eran líderes destacados dentro de sus propias comunidades”, declaró la Fiscalía.

Los ocho eran miembros de la Alianza Evangélica de Colombia (DEAC) y del movimiento evangélico de la Iglesia Cuadrangular (ICCG).
No sólo eran líderes espirituales, sino también líderes sociales que desarrollaban proyectos de apoyo a la comunidad.

Nixon Peñalosa, por ejemplo, fue presidente de la Junta de Acción Comunal de Agua Bonita y tesorero de la DEAC. Isaíd Gómez y su esposa Maribel Silva eran predicadores, y James Caicedo fue pastor de la ICCG y líder espiritual de la zona.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Las ocho víctimas habían llegado al Guaviare procedentes de Arauca, lo que desató una “paranoia criminal”, porque los asesinos creyeron que eran miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que intentaban ingresar al departamento.

Dos de las víctimas fueron citadas por miembros del Frente Armando Ríos del Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco. Tres días después, los otros seis también fueron citados con el pretexto de verificar posibles vínculos con el ELN. Fueron interrogados y asesinados por los disidentes de las FARC.

Según el fiscal, las víctimas “fueron obligadas a cavar sus propias fosas antes de ser ejecutadas por una acusación que, según la investigación en curso, no se sustenta”.