La Unión Europea ha ratificado su postura respecto a la gestación subrogada y, desde ahora, estará considerada oficialmente como una forma de explotación en el territorio. Es el resultado de la validación, por parte del Parlamento Europeo, del acuerdo que a principios de año anunció el Consejo de la Unión Europea, con el que proponía tipificar como tipos de explotación amparados por la ley de trata el matrimonio forzado, la adopción ilegal y los llamados vientres de alquiler.

Esta medida conlleva penas de hasta 5 años por estas prácticas, y de hasta 10 años si se considera delito agravado. Además, supone la ratificación del Parlamento Europeo contra la gestación subrogada, en particular, ya que en octubre de 2023 la misma institución adoptó la directiva que incluía este “nuevo crimen” en la ley contra la trata de personas de la Unión Europeo, y estaba a la espera de la negociación en el Consejo de la Unión Europea. 

Según el acuerdo aprobado por la Eurocámara, con 563 votos a favor, siete en contra y 17 abstenciones, tanto el matrimonio forzado, como la adopción ilegal como la gestación subrogada son prácticas que pasan a formar parte del ámbito definido como tráfico humano. Y la trata, ha dicho el ministro de justicia belga (país que ostenta la presidencia de turno en el Consejo de la Unión Europea), Paul Van Tigchelt, “es un acto criminal que tiene un alto costo humano”. “Esta muy necesaria actualización de la directiva equipará mejor a los Estados miembros para luchar contra este terrible crimen en todas sus formas”, ha señalado.

Gestación subrogada en caso de coacción o engaño

Según el documento aprobado por el Parlamento Europeo, para considerar la gestación subrogada como delito en la ley de trata tiene que producirse mediante coacción o engaño de la mujer víctima para que actúe como madre sustituta. La eurodiputada española de Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, ha admitido que “todos tuvimos que ceder” en la definición del texto, pero considera que “el resultado es bueno”. “Hoy estamos un poco más cerca de poner fin a esta forma de barbarie”, ha dicho Rodríguez Palop.

“Que tomen nota los clubes de alterne, los prostíbulos en los que no se cumple con la legalidad”, ha añadido la eurodiputada. “Los hay por doquier. No olviden, según esta directiva, que si se solicitan los servicios sexuales [de personas] sabiendo que son víctimas, se está cometiendo un delito”, ha añadido.

Según los datos de la Comisión Europea, la explotación sexual y laboral son los principales fines de la trata de personas, aunque en 2020, los matrimonios forzados y la adopción ilegal representaban el 11% de todas las víctimas en la Unión.

La nueva normativa prevé, además de las penas de prisión, reforzar las sanciones contra las personas jurídicas, que podrán ser excluidas del acceso a financiación pública. El acuerdo provoca que los Estados miembro tengan que tipificar también como delito penal el uso de servicios prestados por personas que han sido traficadas.