El Parlamento Europeo votará sobre la directiva de la UE sobre diligencia debida en sostenibilidad corporativa en su sesión plenaria del 31 de mayo al 1 de junio.

En la práctica, la directiva requiere que las empresas identifiquen y, cuando sea necesario, prevengan, eliminen o mitiguen los impactos adversos de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente.

Algunos países europeos como Francia, los Países Bajos y Alemania ya han introducido normas nacionales sobre diligencia debida, mientras que algunas empresas han tomado medidas por iniciativa propia.

Directiva de la UE, trata y explotación de seres humanos

La Red Europea de Libertad (European Freedom Network, EFN), comunidad cristiana que lucha contra la trata de personas y la explotación laboral en Europa, señaló que alrededor de 21 millones de personas experimentan situaciones de trabajo forzoso o explotación.

“Aquellos que trabajan para obtener materias primas o fabricar productos para grandes empresas son explotados en condiciones laborales peligrosas y con salarios que los condenan a la miseria absoluta. El trabajo forzoso es endémico en varios sectores de la economía mundial”, denuncia EFN.

Piensan que la directiva de la UE es una iniciativa positiva para reducir las situaciones de explotación, pero “no lo suficiente para abolir la esclavitud moderna y los abusos de los derechos humanos que son causados principalmente por las desigualdades socioeconómicas internacionales”.

Propuestas EFN

Para que la directiva logre su “potencial de salvar a miles de millones de personas de la explotación”, EFN propone que también se aplique a los socios comerciales indirectos y a todas las entidades que intervienen en la cadena de suministro, incluidos los socios comerciales puntuales.

La directiva no impone ninguna sanción económica o consecuencias públicas si una empresa no cumple con sus obligaciones, por lo que EFN recomienda incluir una multa monetaria estándar dentro del texto de la directiva.

El movimiento cristiano que une a más de 250 organizaciones sugiere a la UE que tome el ejemplo de la ley alemana, que prevé una multa administrativa de hasta 8 millones de euros o el 2% de la facturación anual, así como la exclusión de los contratos públicos de hasta 3 años.

¿Qué se puede hacer?

Según EFN, “hay algo que todos podemos hacer para prevenir y marcar la diferencia” en este tema.

Instan a todos a buscar información sobre situaciones de trata y explotación de personas dentro de las cadenas de suministro, optar por apoyar negocios éticos y justos, y anima a contactar a las empresas para exigir transparencia y respeto a los derechos humanos.

Puede leer más sobre la iniciativa EFN aquí (en inglés).