El Estado de Israel vive en las últimas semanas sus protestas más multitudinarias desde su fundación, en 1948. En las últimas horas, más de 600.000 personas han tomado las calles para manifestarse contra el proyecto de reforma judicial que pretende impulsar el gobierno de Benjamin Netanyahu, formado por su propio partido, los sionistas religiosos, los Shas, Judaísmo Unido por la Torá y la formación derechista La fuerza judía.

Uno de los grandes pilares del proyecto reformista del gobierno es modificar el comité de selección de jueces, que está formado por nueve miembros y que con la legislación actual requiere de un acuerdo entre la rama judicial y política para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y del resto de instituciones judiciales de Israel. Por otro lado, el ejecutivo de Netanyahu también busca revisar a la baja las capacidades del Tribunal Supremo. Por ejemplo, prohibiéndole invalidar las llamadas “leyes básicas”, que son las normas fundamentales en caso de no haber una Constitución, o permitiéndole únicamente impugnar las leyes regulares, aunque con el apoyo de 12 de los 15 jueces que conforman la Corte Suprema, en lugar de la mayoría simple actual.

Además, la coalición de gobierno también quiere aprobar una cláusula de anulación con la que poder volver a debatir y aprobar leyes que han sido previamente impugnadas por la Corte Suprema. “No es una reforma judicial, sino un intento del poder ejecutivo y el poder legislativo de neutralizar completamente la independencia del poder judicial como ente que también puede controlar y criticar las acciones del gobierno”, observa Arie Kacowicz, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén. “De hecho, no es diferente del ‘autogolpe’ de Fujimori, o el intento de Castillo en Peru hacia el poder legislativo, o el intento, a veces exitoso o fallido, de gobiernos populistas en Turquía, India, Hungría o Polonia, de carcomer al poder judicial”, añade.

División en el gobierno

Aunque el gobierno cuenta con una mayoría de 64 escaños en la Knéset (el parlamento israelí), no tiene los apoyos garantizados del todo. Al rechazo que ha despertado la norma, se le suman críticos dentro de sus propias filas. Netanyahu ha destituido a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, después de pedir públicamente la paralización del proyecto de reforma. Algo que ha marcado un punto de inflexión en la crispación popular.

Además de las hogueras en las calles y del escrache ante la residencia de Netanyahu en Jerusalén, la Federación General del Trabajo en Israel (el sindicato más grande en el país) ha convocado una huelga general, el sindicato de médicos también ha anunciado cierres en el sistema de salud nacional y la cúpula del ejército ha comenzado a mostrar su inquietud. “Nuestros enemigos ven a Israel limitado y débil”, ha señalado un oficial del ejército a All Israel News.

Mientras la fiscal general, Gali Baharav-Miara, le ha recordado a Netanyahu que no puede votar porque sería “ilegal” y propiciaría un “conflicto de intereses”, a causa de su estado de imputación acusado de corrupción y abuso de influencias, el presidente de Israel, Isaac Herzog, le ha pedido al primer ministro y a su gobierno que rectifique. “Por el bien de la unidad del Pueblo de Israel, os pido que detengáis el proceso legislativo de inmediato”, ha dicho.

“En parte es una cuestión de venganza personal, y también de la necesidad privada de Netanyahu y sus socios de eludir a la justicia”, opina Kacowicz. 

Una crisis sin precedentes

La crisis en Israel no tiene paralelos en los 75 años de historia del Estado proclamado por David Ben-Gurión. Después de la solicitud de Herzog de paralizar la reforma, Netanyahu se había mantenido en silencio durante unas horas. Algunas voces apuntaban que la coalición de gobierno corría peligro, ya que la reforma es un proyecto no solo del Likud, sino de otras formaciones del ejecutivo.

Desde el partido Sionismo Religioso, han señalado que “detener la legislación será una capitulación ante la violencia, la anarquía, el rechazo y la tiranía de la minoría, y pondrá en peligro los resultados electorales”. También los socios de gobierno de La fuerza judía, que controlan el Ministerio de Seguridad Nacional (Interior), han asegurado que detener el proceso “podría llevar a la disolución del gobierno”.

Sin embargo, son varios los analistas nacionales que no ven otra opción. “Si las seis o siete leyes previstas se aprobasen en el parlamento, habría una apelación a la Corte Suprema, que analizando el contenido de las leyes, con casi toda certeza anularía dichos proyectos de ley como no constitucionales por amenazar la razón de ser de Israel como estado democrático y judío”, señala Kacowicz. “Esto llevaría a una grave crisis constitucional e institucional de envergadura que no se conoce en la historia del país”, añade.

Ante la presión, finalmente, Netanyahu ha optado no por renunciar a la ejecución de la reforma, sino por aplazarla: "Doy tiempo a la negociación para prevenir un conflicto civil [...] no renunciaremos a la reforma, pero perseguiremos un acuerdo más amplio", ha asegurado. También ha exigido "detener de inmediato los llamamientos a la insumisión". "Quienes fomentan la anarquía y la violencia pretenden dividir al país", ha señalado.

Peligran la economía y las relaciones internacionales

El sector tecnológico tiene mucha importancia para la economía israelí. En concreto, representa el 15% del PIB, el 10% de su fuerza de trabajo, la mitad de sus exportaciones y una cuarta parte de los impuestos sobre la renta. Sin embargo, algunas de las compañías afincadas en el país han mostrado su inquietud por el hecho de que Israel adquiera un carácter más autócrata con la nueva reforma judicial y han puesto su futuro en el aire, a la espera de lo que ocurra. 

“Todo lo que hemos construido en los últimos 20 o 30 años está colapsando”, ha afirmado Dror Salee, un emprendedor. “Todavía no hay datos sobre la caída de la inversión extranjera, que representa un 85% a un 90% de la inversión en alta tecnología, pero no conozco ninguna empresa que logre recaudar inversiones en este momento”, ha remarcado, según France 24.

“Banqueros, economistas, empresarios emergentes, comerciantes, todos han advertido al gobierno de las nefastas consecuencias de la aceptación de la reforma”, explica Kacowicz. “También hay consecuencias ya nefastas respecto a la seguridad del país. Es prácticamente una ley científica en relaciones internacionales que los países democráticos liberales se desempeñan mejor en términos de guerra y paz, y también en términos de desarrollo económico”, agrega.

A nivel internacional, Estados Unidos, socio principal de Israel, ha manifestado su preocupación por la situación en el país. El embajador estadounidense en Israel, Tom Nides, ha instado al gobierno de Netanyahu a “poner el freno” a la reforma judicial, y un portavoz de la Casa Blanca ha asegurado que “están profundamente preocupados por los hechos en Israel, que subrayan aún más la necesidad urgente de un compromiso”. “Como el presidente [Biden] discutió recientemente con el primer ministro Netanyahu, los valores democráticos siempre han sido y deben seguir siendo un sello distintivo de la relación entre Estados Unidos e Israel”, añadía, según recoge The Times of Israel.