El Consejo Constitucional francés ha validado la constitucionalidad de la llamada “ley antiseparatismo”, que fue rechazada por varias organizaciones religiosas en determinados puntos considerados contrarios a las libertades de culto y asociación.

La Federación Protestante Francesa (FPF), la Iglesia Protestante Unida de Francia (EPUdF), la Conferencia Episcopal Francesa y la Asamblea de Obispos Ortodoxos de Francia, remitieron el 18 de mayo una solicitud al Consejo Constitucional en la que denunciaban “graves ataques” contra esos derechos, que “traicionarían la ley de separación de Iglesia y Estado de 1905”.

Sus principales preocupaciones son que la ley “obligue a las asociaciones a declarar su carácter religioso para beneficiarse de las ventajas destinadas a las asociaciones religiosas”; y que las actividades religiosas “se realizarán bajo la supervisión del Prefecto y en un marco aún más restrictivo que el de las asociaciones religiosas”.

“De conformidad con la Constitución”

Pero el Consejo dictaminó recientemente que las disposiciones impugnadas de la ‘ley antiseparatismo’ no ignoran el derecho a la expresión colectiva de ideas y opiniones, o cualquier otro derecho o libertad garantizado por la Constitución, y por lo tanto se declaran “conformes con la Constitución”.

También consideró que el legislador “perseguía el objetivo constitucional de salvaguardar el orden público reforzando la transparencia de la actividad y la financiación de las asociaciones que aseguran el ejercicio público de una religión”.

Preocupación de cristianos

Las organizaciones religiosas “lamentan que el Consejo Constitucional no haya llegado a censurar estas disposiciones y que haya mantenido, con estas reservas de interpretación, la conformidad de los artículos en cuestión con los derechos y libertades que garantiza la Constitución”.

Por su parte, Romain Choisnet, director de comunicación del Consejo Nacional de Evangélicos en Francia (CNEF) dijo en Twitter que “la publicación de la ley antiseparatismo reveló la ignorancia y a veces la desconfianza hacia la religión que se está extendiendo en el seno mismo de las instituciones públicas, confirmada por la lamentable supresión del observatorio de la laicidad”.

El historiador protestante Sébastien Fath señaló antes del debate en la Asamblea en 2021 que “en lugar de fortalecer la libertad de conciencia y garantizar la libertad de culto, este proyecto fortalece el control sobre los grupos religiosos”.