La última vez que en Sierra Leona se efectuó una pena de muerte fue en 1998, cuando se ejecutó a 24 oficiales del ejército acusado de un intento de Golpe de Estado. Ahora, el gobierno sierraleonés ha anunciado que está trabajando para abolir la pena capital en el país. “Una vez la legislación se presente al Parlamento y se apruebe, la historia de la pena de muerte habrá terminado”, ha asegurado el viceministro de Justicia, Umaru Napoleon Koroma, que ha explicado que se ha tomado la decisión “para defender los derechos humanos básicos”.

Aunque Sierra Leona no ejecuta ninguna pena de muerte desde hace trece años, la justicia sí ha seguido dictaminado sentencias de este tipo, que se contempla en casos de delito de robo con agravante, asesinato, traición o sublevación. Según un memorando publicado en marzo de 2021 y elaborado por la ONG AdvocAid, la unidad de investigación sobre la pena de muerte de la Universidad de Oxford y el Proyecto Pena de Muerte del Reino Unido, cuatro personas fueron condenadas en 2018, 21 más en 2019 y, según Amnistía Internacional, hasta 39 en 2020. A finales de 2019 había 63 personas en el corredor de la muerte en Sierra Leona, y la cifra aumentó hasta las 78 en 2020.

La presión de la comunidad internacional y, sobre todo, de las ONG ha dado paso a un proceso masivo de abolición de la pena de muerte en el continente africano. En 2016, Guinea dio este paso, uniéndose a Benín, Costa de Marfil, Senegal y Togo. En 2018 fue Burkina Faso. En 2019 Guinea Ecuatorial anunció un proyecto de ley abolicionista, y en 2020 Chad eliminó la pena capital de su ordenamiento jurídico. Este año ha sido Malawi la que la ha declarado inconstitucional. Sierra Leona afronta ahora el debate político y social sobre este controvertido punto de su ley, y los evangélicos, como en otros lugares del mundo, no están exentos de él. 

Diversidad de opiniones entre los evangélicos

Como ocurre entre diferentes sectores de la sociedad, dentro del ámbito evangélico en Sierra Leona la abolición se ve de diferentes maneras. En general, para Mariama Khai-Fornah, responsable de comunicación de la Comunidad Evangélica de Sierra Leona (EFSL, por sus siglas en inglés), una entidad vinculada a la Alianza Evangélica Mundial, la contribución de la religión ha ayudado a agitar el debate contra la pena de muerte en el país. “Los líderes religiosos de nuestra sociedad han demostrado que uno de los mayores activos de la vida es el perdón, porque el perdón es divino. Según la Biblia, solo somos perdonados cuando perdonamos a otros por sus ofensas contra nosotros. Esta conciencia por parte de la gente también ha contribuido mucho a la gran controversia sobre si dejar que las personas sean castigadas con la muerte por sus crímenes o no”, explica.

Para el reconocido teólogo sierraleonés Aiah Foday-Khabenje “no todos están dispuestos a que se revoque la pena de muerte”. Habiendo regresado a Sierra Leone hace poco, tras doce años de servicio fuera del país en los que, entre otras cosas, ha trabajado como secretario general de la Asociación de Evangélicos en África (AEA, por sus siglas en inglés), Foday-Khabenje asegura que “la posición predeterminada de las iglesias es la santidad de la vida y no necesariamente estarían interesada en la pena de muerte”, pero reconoce que “la iglesia no parece tan entusiasmada como las ONG internacionales para pedir al gobierno que revoque la ley”.

Según explica el teólogo sierraleonés, “esto puede deberse a que nadie debería matar a otra persona”. “En otras palabras, existe una menor simpatía por aquellos que arrastran una condena de muerte. Podría haber preocupación cuando la pena de muerte se aplica injustamente, por ejemplo, con los delitos de traición, que pueden ser orquestados contra oponentes políticos para matarlos injustamente. De hecho, esta es la preocupación de la mayoría de las personas que quieren que se derogue la ley. Históricamente, ha habido casos de este tipo”, añade.

Muchos detalles complejos

Más allá de la reflexión teológica, el debate sobre la abolición de la pena de muerte está cargado de detalles complejos. Para algunos, es un resquicio de la Constitución de 1991 y de la posterior guerra civil que hasta 2002 dejó unos 120.000 muertos en el país. Para otros, la ley es una garantía de seguridad, y hay quienes consideran que se puede convivir con una abolición de facto, como la que se da en el país desde 1998.

“El auge de los derechos humanos ha reducido la fuerte influencia de la pena de muerte para cualquier delito que pueda cometer una persona. En nuestro contexto, una de las razones por las que nuestro gobierno considera inútil castigar a alguien con la muerte es porque la persona puede no haber cometido su delito intencionalmente, o porque podría atribuirse a un agravante que lleva a una venganza inmediata. Mirando las cosas desde esta perspectiva, matar a alguien como resultado de su crimen nunca desharía lo que la persona pudo haber hecho; tampoco podría levantar al muerto de la tumba”, señala Khai-Fornah. “¿Por qué no corregir a la persona durante unos años, encarcelarla y decirle que haga lo correcto la próxima vez que se enfrente a esa situación para producir una sociedad mejor?”, se pregunta.

Para Foday-Khabenje la utilidad de “la ley es disuadir a quienes amenazan la vida de otros”, y lo relaciona con los casos de personas condenadas a muerte por delitos de robo con agravantes. “Esto puso fin a las incidencias de muerte por asaltantes armados durante un largo período de tiempo”, dice. Según considera, quienes defienden la pena de muerte “temen que se incrementen los incidentes de este tipo”. 

“Creo que el debate de culpar al gobierno de promover la abolición de la pena de muerte se debe a que la gente cree que hay pruebas en todas partes”, apunta Khai-Fornah. “El sistema de justicia y la sociedad de Sierra Leona a veces actúan injustamente con su población. Si buscamos una cuestión para detener la pena de muerte en Sierra Leona, esa es la del patriotismo. Si valoramos la vida de cada persona entonces podremos luchar esto juntos. No es una cuestión para enriquecerse o ver cuánto se puede adquirir”, remarca.

En cualquier caso, puntualiza Foday-Khabenje, podría llevar tiempo efectuar la abolición. “Al igual que la pena de muerte, la ley de orden público, que tiende a limitar la libertad de expresión y fue impuesta durante la época colonial, ha sido tema de discusión desde la independencia y varios regímenes prometieron derogarla, pero nunca cumplieron la promesa. El gobierno actual, finalmente, ha cumplido con esto y la ley ha sido derogada. Creo que esto es un estímulo para presionar a este gobierno para que derogue cualquier otra ley draconiana como la pena de muerte. Se ha llegado a un acuerdo para que se derogue la pena de muerte. Sin embargo, esto aún no se ha realizado y puede llevar algún tiempo”, subraya.