Las irregularidades en la administración de las vacunas de la Covid-19 ahonda la crisis política e institucional de Perú. Según una lista presentada por el presidente interino del país, Francisco Sagasti, hasta 487 altos funcionarios de la administración pública peruana se han vacunado en secreto acaparando un conjunto de dosis de las 38 millones de unidades enviadas por la empresa china Sinopharm. 

Entre los nombres que aparecen en la lista están el del expresidente Martín Vizcarra, que también ha vacunado a su mujer y a su hermano y que se ha justificado asegurando que formaba parte de voluntarios para probar el inoculado, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, la excanciller, Elizabeth Astete, el ex-viceministro de Salud, Luis Suárez-Ognio, que también ha inmunizado a su esposa, sus dos hijos, su hermana y sus dos sobrinos, o el director de Ciencia y Tecnología del ministerio de Asuntos Exteriores y uno de los responsables de la negociación con Sinopharm, Jorge Arturo Jarama, que también ha provisto dosis para su mujer, su cuñado y su suegra. 

“Estamos indignados y con un sentimiento profundo de dolor porque estas personas formaron parte de nuestro gobierno de transición y emergencia”, ha señalado Sagasti, que llegó al poder el pasado mes de noviembre después de que el Parlamento aprobase la destitución de Vizcarra. Perú afronta unas nuevas elecciones generales que se celebrarán el próximo 11 de abril con unas cifras que lo sitúan como uno de los países latinoamericanos más afectados por la pandemia. Desde el inicio de la epidemia, más de 1,2 millones de personas se han contagiado del virus y 44.308 han muerto, según los datos publicados por el gobierno. 

El Concilio Nacional Evangélico: “Las autoridades han usado el poder para beneficio propio”

Como reacción al escándalo, que algunos medios de comunicación han calificado de ‘Vacunagate’, en referencia a la crisis política estadounidense de 1972, el Concilio Nacional Evangélico del Perú, una entidad miembro de la Alianza Mundial Evangélica (WEA, por sus siglas en inglés), ha emitido un comunicado lamentando los hechos con “estupor y dolor” y manifestando su rechazo al “modo cómo altos funcionarios públicos, políticos, académicos y personalidades han hecho uso inescrupuloso del poder y de sus relaciones para ser beneficiados irregularmente de la vacuna contra la Covid-19”. “Esto es éticamente inaceptable”, dicen.

“El apóstol Pablo enseñó que aquellos que nos gobiernan tienen la responsabilidad ética de ser servidores de Dios para hacer el bien. Sin embargo, observamos que las autoridades han usado el poder para beneficio propio. Estas actitudes van contra la enseñanza bíblica y es por ello que las rechazamos con firmeza”, aseguran en el escrito.

Desde la entidad exigen al Poder Ejecutivo, al Congreso y al Ministerio Público una “rápida y transparente investigación de los hechos” y sanciones judiciales a “quienes faltaron a su deber como servidores del Estado”.

“Hemos tenido en nuestras distintas denominaciones la pérdida de cientos de pastores, líderes y miembros”, recuerda el Concilio Nacional Evangélico del Perú en su escrito. “Exhortamos a nuestra comunidad de fe a continuar orando por aquellos que tienen a su cargo la administración pública, a fin de que lo hagan con verdad, justicia y solidaridad con los más pobres y menesterosos y por todas las familias del país”, añaden.