El gobierno francés ha anunciado que incluirá información sobre las opiniones religiosas y políticas en los informes policiales de las personas que son vistas como una posible amenaza para el Estado. 

El ministro de Interior, Christophe Castaner, ha emitido tres decretos que ahora permiten recabar información sobre “las opiniones políticas”, “las convicciones filosóficas o religiosas” y “la membresía sindical” de aquellos individuos a los que el ejecutivo mantiene en observación por considerarlos una amenaza en potencia para el país.

También se tendrá en cuenta la información sobre condiciones psiquiátricas y las opiniones expresadas en las redes sociales. Hasta ahora, la ley solo permite recopilar información sobre las “actividades” de las personas, no sus opiniones o creencias.

¿Un choque con derechos fundamentales?

Diferentes sindicatos han denunciado la decisión considerándola como un paso peligroso hacia un “Estado de vigilancia”. La organización Amnistía Internacional también ha señalado que ahora se puede interrogar “no solo a las personas, sino también a los colectivos”, ya que la nueva normativa permite a las autoridades analizar “el estilo de vida y los movimientos” de los ciudadanos.

El pasado 4 de enero, el Consejo de Estado ya rechazó una apelación contra los decretos aprobados por Interior.

Expedientes policiales de miles de personas

La nueva posibilidad de recabar información sobre ciudadanos franceses y residentes extranjeros está relacionada con tres tipos de informes conectados a la prevención de ataques terroristas, las investigaciones administrativas y la contratación de funcionarios públicos.

A fecha de noviembre de 2020, se había recopilado información de más de 300.000 personas a través de estos tipos de archivos, según datos oficiales. No obstante, solo se permitirá recabar información extraordinaria en el caso de los individuos que son considerados “susceptibles de dañar los intereses fundamentales de la nación”, “la integridad de la nación o de las instituciones de la República” o aquellos que constituyen una “amenaza terrorista”. 

Según algunas voces críticas, las dos primeras definiciones son muy vagas y podrían dar pie al registro de información sobre personas que se oponen al gobierno de forma legal y pacífica. Esto podría incluir a líderes religiosos, activistas medioambientales y manifestantes, entre otros.

Los evangélicos, preocupados ante los cambios legales recientes

Los evangélicos franceses han expresado reiteradamente su preocupación por el incremento de las restricciones en la libertad religiosa y de expresión en la última década.

En respuesta a los nuevos decretos del ministerio de Interior, el Consejo Nacional de Evangélicos en Francia (CNEF, por sus siglas en francés) ha señalado que “esta regresión en los límites de la privacidad, con la pérdida de libertades (la ley de seguridad global y el proyecto ‘Separatismo’), nos alertan sobre la fragilidad de los derechos fundamentales que creíamos que que se habían adquirido en Francia”.