“La búsqueda de justicia para las violaciones de la libertad religiosa es una batalla prolongada”. Esta es una de las principales conclusiones a las que llega la Comisión de Justicia Social y Libertad Religiosa de la Alianza Cristiana Evangélica Nacional de Sri Lanka (NCEASLRLC, por sus siglas en inglés) en un informe que evalúa la responsabilidad de las autoridades policiales y de la justicia ante las violaciones del derecho de libertad religiosa en el país.

El documento, que es la primera parte de toda la investigación, ha sido elaborado a través de la recopilación de datos de la Administración, archivos policiales, procedimientos judiciales y, sobre todo, información recogida por la propia Alianza que incluye entrevistas con víctimas de discriminación religiosa. 

En total, se han seleccionado 33 casos de violación del derecho de la libertad religiosa contra cristianos, musulmanes, hindúes y budistas, para las solicitudes de información y el análisis elaborado posteriormente en el documento. La mayoría de casos estaban todavía pendientes de resolución en marzo de 2019 y después se añadieron algunos incidentes posteriores a esta fecha. 20 de los casos corresponden a ataques contra cristianos, dos contra budistas, cinco contra hindúes y seis contra musulmanes. “A lo largo de los últimos años, la situación de la libertad religiosa en Sri Lanka ha sido motivo de preocupación. Desde la violencia a gran escala, como las protestas antimusulmanas de 2018 y 2019 o los ataques de la Semana Santa de 2019, hasta las restricciones actuales por la vía de la ley, las comunidades de fe minoritarias han afrontado constantemente retos en relación con su derecho a la libertad religiosa”, asegura la directora del departamento Legal y de Abogacía de la Alianza de Sri Lanka, Yamini Ravindran.

Un análisis sobre la Ley del Derecho a la Información

Los autores del informe especifican que se han acogido a la Ley del Derecho a la Información nacional para recopilar datos, informes y archivos a los que hacen referencia a lo largo del texto. Un proceso que, señalan, no solo les ha servido en su investigación sobre el estado del derecho de libertad religiosa en el país, sino que también han evaluado qué garantías reales el acceso a la información pública tienen. 

“El cumplimiento de la Ley del Derecho a la Información por parte de las autoridades públicas es deficiente. Esta ley ha sido inadecuada para evaluar la respuesta de las autoridades policiales y de la justicia ante las violaciones del derecho de libertad religiosa”, apuntan.

De hecho, las autoridades no han respondido a quince peticiones de información, el 56% de las solicitudes de la Comisión de Justicia Social y Libertad Religiosa de la Alianza de Sri Lanka, mientras que sí lo han hecho con doce. “De las doce respuestas de la Administración Pública, solo en siete solicitudes se ha proporcionado la información buscada. Así, en el 74% de las peticiones de información, que son 20 de las 27 solicitudes, no se ha facilitado la información deseada”, señalan en el informe. 

“Hay un caso que estuvo pendiente de sentencia a la espera del pronunciamiento del Departamento del Fiscal General. Otro que estaba pendiente de juicio en 2019 por un incidente que ocurrió en 2009. Se han registrado largos retrasos en ciertos casos que han llevado a las víctimas de violaciones de la libertad religiosa a soportar largos procedimientos judiciales en busca de justicia”, remarcan.

Por ello, concluye Ravindran, “las víctimas de violaciones del derecho a la libertad religiosa a menudo se quejan de que, en lugar de proveer consuelo, los sistemas legales y la policía han trabajado para añadirles cargas en su búsqueda de justicia”.

Próxima fase del informe

Desde la Comisión de Justicia Social y Libertad Religiosa de la Alianza de Sri Lanka, ya están trabajando en una segunda fase de la investigación que “busca dar seguimiento a la respuesta de las autoridades policiales y del poder judicial a los incidentes de violencia religiosa”. 

Para ello, explican, continuarán entrevistando a víctimas y juristas y utilizando la Ley del Derecho a la Información, con la previsión de presentar apelaciones ante la comisión encargada de seguir el cumplimiento de esta ley por las respuestas que no se han recibido por parte de la Administración Pública.