Myanmar deberá “evitar la muerte de miembros de la comunidad rohinyá en su territorio”, además de proteger su integridad física y mental y sus propiedades, “asegurarse de que el ejército o fuerzas paramilitares no conspiran ni intentan o cometen genocidio” contra este colectivo, “y presentar dentro de cuatro meses un informe que muestre la aplicación de las medidas”. 

Se trata del dictamen inicial emitido por el Tribunal de Justicia Internacional de Naciones Unidas en la causa que Gambia ha comenzado acusando al país asiático de haber cometido genocidio contra su minoría musulmana. La decisión sacude la esfera política internacional, ya que señala la gestión del gobierno de Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz en 1991 y actual consejera de Estado en Myanmar. De hecho, Suu Kyi ha negado las acusaciones de genocidio y ha asegurado que se trata de “un conflicto interno armado desencadenado por ataques terroristas contra puestos de policía”.

Se hace necesario matizar la definición del término ‘genocidio’ para ver hasta qué punto se añade también la condición religiosa.

Considerando que “los rohinyá cumplen los requisitos de las minorías consideradas protegidas por la Convención”, y que “están desprotegidos en Myanmar y corren un peligro real e inminente de ser víctimas de un genocidio”, el tribunal de La Haya ha fijado el 23 de julio de este año y el 25 de enero de 2021 para la presentación de una memoria de la acusación por parte de Gambia y una respuesta por parte de Myanmar, respectivamente. Una decisión que podría sentar un precedente histórico para otras situaciones étnico-religiosas en el mundo.

Un filón para los cristianos perseguidos

Si bien, el caso de lo rohinyá ha generado más de 700.000 desplazados a Bangladesh, está lejos de ser el único escenario actual de intolerancia religiosa. De hecho, en su último informe sobre los cristianos perseguidos, la organización Puertas Abiertas asegura que 260 millones de personas en todo el mundo son objeto constante de hostilidades y violencias por causa de su fe cristiana, hasta el punto de que solo en 2019 se registraron 2.983 asesinatos y 9.488 ataques a iglesias.

Aunque Naciones Unidas celebró por primera vez el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión y las Creencias el pasado mes de agosto, la situación de los cristianos en países como Corea del Norte, Afganistán, Somalia o la misma Myanmar (número 19 en la Lista Mundial de Persecución) no ha trascendido de simples declaraciones oficiales. El caso de Gambia contra Myanmar por la hostigación de la minoría musulmana en el país puede sentar un precedente para que otros países lleven también ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya la persecución que diferentes minorías cristianas sufren en distintos países. 

El riesgo de caer en el etnicismo

Sin embargo, la conclusión del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya se plantea desde un punto de vista etnicista, aludiendo al conflicto rohinyá desde una motiviación de discriminación racista y con escasas menciones a la idiosincrasia religiosa de esta parte de la población birmana, a pesar de que algunos líderes budistas, como Wirathu, hablan de querer “evitar que los musulmanes controlen el país”. El riesgo que presupone este argumento es el de olvidar casos claros de discriminación religiosa en los que no necesariamente tiene que haber un componente xenófobo, como sucede en la mayoría de contextos en los que los cristianos son perseguidos. 

En este sentido, se hace necesario matizar la definición del término ‘genocidio’ que está utilizando el tribunal durante todo el proceso, para observar hasta qué punto se añade también la condición religiosa de un colectivo como motivación de hostilidades y violencias. Cabe ver si el desarrollo del proceso judicial que está en marcha genera una respuesta en otros países que, al igual que ha hecho Gambia, se movilicen por protección garantizada de la libertad religiosa en todo el mundo.