La `Santa Inquisición´ en Lima

La llegada de la Inquisición a Perú no fue casualidad, en una carta del cardenal Sagunto, escrita el 28 de enero de 1569 dice: “Entre otras cosas que S. M. ha mandado componer en el Nuevo Mundo de las Indias para servicio de Dios y suyo y augmento de nuestra religión cristiana, ha ordenado que se plante en ellas el Santo Oficio de la Inquisición, como cosa que ha parecido muy conveniente y que en estos reinos lo es”. El deseo del rey Felipe II era implantar en América el mismo sistema de control religioso y social que había en sus reinos peninsulares. Servan de Cerezuela fue nombrado inquisidor y partió de Oropesa hasta la provincia del Perú, para tomar posesión de su cargo. Servan se acompañó de un secretario, don Francisco de Toledo y del doctor Andrés de Bustamante. El inquisidor cobraba tres mil pesos, una considerable cantidad de dinero. El cardenal entregó unas provisiones al nuevo inquisidor, en las que casi le concedía un poder ilimitado. Las provisiones decían así: “Al Arzobispo de Lima y a los Obispos de Santiago y Concepción de Chile, del Cuzco, de la Plata y San Francisco de Quito, para que remitiesen a los Inquisidores todas las causas tocantes al Santo Oficio; a las justicias seglares de las provincias del Perú para que no se entrometiesen a conocer de dichos negocios y bienes confiscados, cuya revocación o reposición, entablada con cualquier pretexto, se reservaba al Consejo general de Inquisición residente en Madrid; al Virrey, para que diese o hiciese dar todo el favor necesario a los inquisidores y a sus oficiales y ministros, sin contradicción o impedimento alguno para que puedan usar y usen sus cargos y oficios libremente”. Se puede decir que el inquisidor tenía plenos poderes y a él debía someterse toda autoridad secular y religiosa. Además, se pedía a las autoridades que facilitaran los medios materiales para constituir el tribunal. La Inquisición cuidaba hasta los últimos detalles y exigía a los concejales de las ciudades que preparan el alojamiento y comida de los inquisidores. Uno de las dependencias que se creaban en la casa del Santo Oficio era la Cámara del Secreto, una especie de archivo en el que se custodiaban todos los procesos y registros. El secretismo y anonimato de los denunciantes propiciaban las falsas acusaciones, las venganzas y aumentaban el temor de la población. Cualquiera podía denunciarte a Santa Inquisición sin declararlo públicamente. El reo muchas veces sufría prisión durante semanas, sin conocer de qué se le acusaba y soportar tormentos para que confesara. El Tribunal de Lima se constituyó, pese a la oposición del Arzobispo de Lima, que vía mermada su autoridad e independencia. La jerarquía local veía aquello como una injerencia y un intento de control sobre la iglesia y la sociedad. El Arzobispo se quejaba de que el Santo Oficio tenía la costumbre de llevarse el dinero y no curar las conciencias.