El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley contra la trata y la explotación, una norma que llevaba tiempo pendiente de decisiones en el ejecutivo. Después de fricciones en las últimas horas entre los ministerios de Igualdad y Justicia, sobre todo motivados por la inclusión del derecho a la residencia, la vivienda, al trabajo o al ingreso mínimo vital por parte de las víctimas de tráfico (cuestiones de las que eran partidarios desde Unidas Podemos), la titular de Justicia, Pilar Llop, ha anunciado la aprobación de un documento que “acaba con la dispersión normativa” y que es “fruto del consenso interdepartamental”. Y es que, además de Justicia, Igualdad, Interior e Inclusión, el texto ha circulado por otros nueve ministerios en su proceso de elaboración.

“Es una ley para avanzar en la lucha contra las mafias que trabajan con mujeres, con hombres, sobre todo con niñas y niños, y, por lo tanto, un paso más para avanzar en la dignidad de nuestro país, de sus gentes, combatiendo una realidad insoportable en pleno siglo XXI”, ha asegurado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Desde Moncloa aseguran que la norma enfatiza en la prevención y la sensibilización de la sociedad ante la realidad de la trata, y que incide en el papel de la demanda y en la importancia de desarticular el negocio, contemplando penas de uno a cuatro años para los proxenetas, por ejemplo.

Un Plan Nacional de la Trata y un Plan de Inserción Social y Laboral

Dos de los pilares que incluye la norma que el gobierno llevará a trámite parlamentario son el Plan Nacional de la Trata y el Plan de Inserción Social y Laboral. El primero estipula que las administraciones deberán elaborar políticas que que ayuden a prevenir la trata y la explotación de personas.

Dentro del Plan Nacional de la Trata se incluye un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Trata, que consistirá en campañas para concienciar a la población y desincentivar la demanda. Las campañas incluirán acciones específicas dirigidas a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, y tendrán un enfoque especial sobre adolescentes y trabajadores de sectores productivos que representan un mayor riesgo.

Por otro lado, el Plan de Inserción Social y Laboral se detalla en el artículo 6 del texto elaborado y tendrá que ser revisado cada tres años. Este elemento recoge el derecho a la vivienda de las víctimas de tráfico humano, así como su acompañamiento social y sanitario, el derecho a un empleo digno y ayudas económicas, incluyendo a otros personas que estén a su cargo.

Ingreso mínimo vital

El proyecto de ley contempla entre los derechos de las víctimas, independientemente de su nacionalidad y de sus circunstancias personales, el acceso a asistencia jurídica gratuita, las garantías sobre su privacidad y la obtención de la prestación del ingreso mínimo vital. Las víctimas también podrán regresar a sus países de forma voluntaria y asistida, proveyéndoles la autoridad competente los documentos necesarios.

No será necesaria la interposición de una denuncia para que estos derechos sean reconocidos, según recoge la ley. Asimismo, se contempla la protección de los menores víctimas de trata y explotación, con una asistencia especializada.

La valoración de los casos se llevará a cabo, en primer instancia, a través de un Mecanismo Nacional de Derivación, encargado de seguir los protocolos establecidos y de evaluar las necesidades inmediatas de la víctima. En el caso de derivación, dice el texto, se hará con la máxima celeridad “a la entidad de primera acogida designada en cada comunidad autónoma”.

La trata en las aulas educativas

Según el artículo 7 de la norma, los currículos educativos de las diferentes etapas tendrán que incluir contenidos relacionados con la prevención de la violencia y la explotación de personas. Los contenidos, se subraya en el documento aprobado por el Consejo de Ministros, pueden servir de base para realizar posteriormente actividades que sirvan para la concienciación y la sensibilización de esta realidad.