El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta este martes la nueva ley del aborto después de evidenciarse desacuerdos entre ministerios respecto a algunos de los puntos de la normativa diseñada por Igualdad. La principal novedad en la propuesta que el ejecutivo de coalición ahora presentará al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía, y más adelante al Congreso de los Diputados para su validación, es la recuperación del aborto para menores de 16 y 17 años sin autorización, que ya contemplaba la norma aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que retiró en 2015 el de Mariano Rajoy. La tutela se elimina también para las mujeres que sufren discapacidad. Los plazos que contempla la legislación actual para la práctica del aborto son de hasta 14 semanas, sin justificar las circunstancias, y hasta la semana 22, en caso de grave riesgo para la vida de la mujer o de anomalías para el feto.

El gobierno de PSOE y Unidas Podemos está de acuerdo también en establecer el acceso al aborto en la sanidad pública, en todos los centros hospitalarios, y en eliminar los tres días de reflexión que se exigen en la actualidad para las mujeres que solicitan abortar. Además, las mujeres que interrumpan su embarazo dispondrán de un periodo de bajo laboral, y también se distribuirá la píldora del día después de forma gratuita en centros de salud sexual y reproductiva.

“El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos forma parte del derecho fundamental a la salud, pero además es la puerta de entrada al ejercicio de otros muchos derechos en la vida de las mujeres”, ha manifestado la ministra de Igualdad, Irene Montero, que también considera que con esta norma el ejecutivo español “se sitúa a la vanguardia internacional de reconocimiento de los derechos de las mujeres”.

A pesar de que la normativa garantiza la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud que se opongan a la práctica del aborto, creando un registro con unos parámetros similares a los de la ley de eutanasia, desde el ejecutivo no se han ofrecido más concreciones con respecto a cómo se realizará dicho registro y qué supondrá para la cotidianidad de los objetores.

En España, actualmente se practican alrededor de 100.000 abortos al año, la mayoría en centros privados. La nueva normativa supone un coste de unos 104 millones de euros para el Estado, según ha confirmado el gobierno.

La gestación subrogada

Uno de los principales puntos de desacuerdo entre los ministerios de Justicia e Igualdad ha sido en cuanto a las concreciones que la norma hace de la gestación subrogada. En un principio, la norma pretendía realizar un seguimiento de las parejas que recurriesen a esta práctica y explorar la posibilidad de aplicar sanciones. Sin embargo, ahora ha quedado en el aire a petición de Justicia, que insiste en hacer una evaluación más exhaustiva de la propuesta antes de seguir adelante.

Donde sí coinciden los diferentes departamentos es en la consideración de los llamados ‘vientres de alquiler’ como una forma de violencia contra las mujeres, tal y como hace poco señaló el Tribunal Supremo. En base a ello, en España seguirá siendo una práctica prohibida y tampoco se permitirá la publicidad de empresas intermediarias que facilitan el acceso a países donde sí es legal o está permitida.

Fracaso en la reducción del IVA de los productos de higiene femenina

La ley también había previsto reducir el IVA de los productos de higiene femenina de un 10% a un 4%. Una medida que ha sido excluida, finalmente, después de que el Ministerio de Hacienda lo haya pedido, trasladándola a la negociación de los Presupuestos Generales.

Sí que ha prosperado la propuesta de regular la baja por regla dolorosa, que se incluirá en el catálogo de causas que generan incapacidad temporal para trabajar y estará financiada de forma íntegra por el Estado. De esta manera, España se convierte en el primer país en Europa que regula el derecho de una mujer a darse de baja en el trabajo por dolor menstrual.

También se crea una baja preparto, aunque a partir de la semana 39 de embarazo, la última del proceso de gestación. La propuesta inicial de Igualdad era desde la semana 36.

Educación sexual

La nueva norma también estipula el desarrollo de una educación sexual en las principales etapas educativas, enfocada en las cuestiones de consentimiento y buenos tratos, y que también llevará a los centros educativos el reparto gratuito de diferentes métodos barrera de anticonceptivos. El documento prevé, además, la creación de centros públicos de atención en salud sexual y una línea de atención telefónica.