La celebración del 40º Congreso Federal del PSOE ha marcado un hito para el abolicionismo. El partido que gobierna en coalición se comprometió a avanzar en la abolición de la prostitución, siendo esta una propuesta importante presentada por los líderes del partido, que esperan aprobar una ley en los próximos años, antes de terminar la legislatura.

Era la primera vez que Partido Socialista abrazaba de forma tan clara la posición abolicionista con respecto a la prostitución, que en España se mantiene en una situación de alegalidad. Un camino que no ha sido fácil, dado que cada vez que se presenta el debate, surgen voces que en lugar de buscar el fin de la prostitución, piden una regulación de la actividad, como si se tratase de un trabajo más.

“No se puede considerar un trabajo lo que en esencia es violencia, explotación, un negocio basado en el cuerpo de mujeres y niñas, por tanto una violación de los derechos humanos”. Son palabras de Asun Quintana a Protestante Digital. Quintana es presidenta de la plataforma Seneca Falls y del grupo de trabajo de Mujer y Sociedad de la Alianza Evangélica Española. Desde estas plataformas se reivindica “la abolición del sisema prostitucional”.

Diversas voces respaldan la penalización del cliente como la herramienta más adecuada, tanto para reducir el consumo de prostitución como para proteger a las mujeres que han entrado en este mundo engañadas o forzadas por redes de trata.

Pero ¿de qué manera se debería articular entonces este modelo? Para Loida Muñoz, responsable de la plataforma A21 en España, la propuesta de abolición “es positiva”, aunque “deberá ir acompañada de un plan efectivo que garantice que todas las mujeres poseen igualdad de acceso y de oportunidades, ayuda, así como el acompañamiento necesario a fin de que todos sus derechos sean garantizados y que no se produzca el desamparo en ningún sentido”.

Prostitución: violación de la dignidad humana

En respuesta a preguntas realizadas por Protestante Digital, Loida Muñoz hizo referencia a un contundente informe publicado por el Parlamento Europeo en 2014 donde se examinaba la relación entre la explotación sexual, prostitución, y su impacto en la igualdad de género. El informe mostró con claridad que “la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana”.

La prostitución “perpetúa los estereotipos de género” y “tiene consecuencias físicas y sicológicas devastadoras y duraderas” para las mujeres, “incluso después de haber cesado la prostitución”. El informe revela que “las personas prostituidas son especialmente vulnerables desde el punto de vista social, económico, físico, psíquico, emocional y familiar y corren más riesgo de sufrir violencia y daños que en cualquier otra actividad”. Además muestra que “entre el 80 y el 95 % de las personas que se prostituyen ha sufrido alguna forma de violencia antes de empezar a ejercer la prostitución (violación, incesto, pedofilia), el 62 % declara haber sufrido una violación y el 68 % sufre trastornos de estrés postraumático”. Todos estos datos, bien contrastados y expuestos en el informe de 2014 del Parlamento Europeo, dejan pocas dudas sobre el problema que supone ignorar la situación actual o mantenerse sin hacer nada.

La trata, el motor de la prostitución

El informe del Parlamento Europeo mostró que la prostitución “alimenta el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad vulnerables, un alto porcentaje de las cuales tiene entre 13 y 25 años”, y también en niñas menores de edad procedentes de países ajenos a la Unión Europea.

Es importante aclarar que “no es lo mismo trata que prostitución”, advierte Asun Quintana, aunque “ambas están estrechamente relacionadas, ya que la prostitución alimenta y promueve que haya trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente. Prostitución y trata son como dos caras de la misma moneda”, añade.

“No podemos negar la conexión directa que existe entre trata de personas con fines de explotación sexual y la explotación sexual con la prostitución”, añade Loida Muñoz. “En este sentido, es interesante analizar la experiencia de países como Suecia, que fue el primer país europeo en adoptar el modelo abolicionista”. Recientemente el embajador de Suecia participó en el evento #StopDemanda, donde se mostraron los resultados de esta política, imperfecta pero con evidentes beneficios para la sociedad en su conjunto y en particular para las mujeres.

Un marco legal adecuado

¿De qué forma se podría, por lo tanto, abordar este complejo asunto? Tanto Asun Quintana como Loida Muñoz coinciden en que se deberían desarrollar dos leyes: por una parte, una Ley abolicionista contra la prostitución, y otra contra la trata.

Quintana explica que “desde el movimiento Seneca Falls y otras ONGs cristianas feministas apostamos por la adopción de una Ley abolicionista contra la prostitución, que contemple medidas de Persecución del delito (sanción de tratantes, proxenetas y prostituidores), de Protección de las víctimas, (atención, protección), y de Prevención, (sensibilización, educación y formación)”.

Aparte, este colectivo considera urgente que se desarrolle una Ley Integral contra la Trata de personas “que no debe sustituir la aprobación de una Ley Abolicionista de la Prostitución, ya que podrían quedar fuera de su ámbito de aplicación todas aquellas víctimas de la explotación sexual y del proxenetismo, que técnicamente no puedan ser consideradas como víctimas de trata: por ejemplo, mujeres prostituidas que no han sido previamente objeto de transporte o captación con fines de explotación sexual, y/o sobre las que no se han utilizado medios comisivos como la amenaza, la coacción o el engaño”.

Loida Muñoz, que desde A21 lideran diversas iniciativas públicas de denuncia de la trata, coincide e que “en la lucha contra la trata de personas reclamamos que exista una Ley Integral contra la Trata de personas que incluya todos los tipos de explotación, y no exclusivamente el ámbito de la trata de personas con fines de explotación sexual. Esta Ley Integral debería estar enfocada a la prevención, asistencia y protección a las víctimas de trata de personas en España garantizando así que se cumpla con el obligado mandato establecido en las diversas Convenciones Internacionales”.

Hacia el cambio de paradigma

El problema con la prostitución y la explotación sexual no es solamente legal. Se trata de una práctica que sigue siendo tolerada por la sociedad española. Para Asun Quintana, hay una labor de “educar y cambiar la mentalidad de la sociedad en general en cuanto a la prostitución, en cuanto a la visión de la mujer como objeto sexual. Y para esto hay que trabajar desde las familias, los colegios e institutos, desde las iglesias, desde la sanidad…”. Quintana cree que “los cristianos deberíamos ser pioneros en la denuncia de la desigualdad como injusticia, y en promover la igualdad tal y como nos inspira la Biblia”.

Desde A21, la organización a la que pertenece Loida Muñoz, se trabaja “en tres áreas que consideramos estratégicas: por un lado, alcanzar, a través de la prevención, que nos permitirá evitar (prevenir) que el problema ocurra, la sensibilización y la educación; por otro lado el rescate, el trabajo en red con los diversos actores implicados en esta lucha; y por último, el área de restauración, donde a través de diferentes programas integrales así como recursos residenciales, se ofrece acompañamiento en todo el proceso a las y los supervivientes de trata, en todo su trayectoria hasta su completa independencia”. 

En ese camino de ofrecer libertad a quienes sufren todos podemos involucrarnos de una u otra forma. “Siempre preguntamos ¿qué tienes en tu mano y cómo puedes usarlo? ¿cuál es tu ámbito de influencia? Sea cual sea, puede jugar un papel fundamental en la lucha contra la trata de personas”, concluye Loida Muñoz.

Organizaciones como A21, Seneca Falls o el Grupo de trabajo Mujer y Sociedad de la AEE, en ese camino de lucha contra la trata, están sumando aliados y promesas que, esta vez sí, esperan que se cumplan.