El Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado de este 5 de noviembre su “Procedimiento de actuación contra la desinformación”, lo que según el gabinete de prensa de Moncloa es “una respuesta a la petición de la Unión Europea de desarrollar y coordinar planes nacionales contra la desinformación”.

El procedimiento ha despertado las críticas de asociaciones de medios, colegios de periodistas, así como de los partidos de la oposición. El PP ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la Ministra de Presidencia, Carmen Calvo, y del jefe de Gabinete del presidente, Iván Redondo, para que den explicaciones sobre lo que consideran “el escándalo de las fake news”.

Por su parte, el Gobierno ha defendido el plan dentro de la estrategia de comunicación del Gobierno y de seguridad nacional y “en ningún caso” dice pretender “vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones, dentro del respeto a la libertad de expresión y de información, consagradas por la Constitución”.

La propuesta del Gobierno

El plan, que fue aprobado el pasado 6 de octubre por el Consejo de Seguridad Nacional, parte de un contexto en el que la desinformación juega un papel cada vez más relevante ante los procesos democráticos. Así, se define la desinformación como “la información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público”.

Según el Gobierno “estos procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”.

El plan considera que para “los ciudadanos” la lucha contra la desinformación no depende solamente de garantizar la libertad de prensa o de expresión, sino que en la misma juegan un papel fundamental “los medios de comunicación, las autoridades públicas y las plataformas de medios sociales” que “son los principales responsables de frenar la divulgación de noticias falsas”.

Para ello, plantean la necesidad de “una actuación más coordinada” que protegería, a su juicio, “la libertad de expresión y la libertad y pluralidad de los medios de comunicación”. 

El objetivo fundamental sería por lo tanto “establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España”, lo cual “resulta imprescindible”.

La medida tiene un fin organizativo, sin definir todavía de forma muy específica las funciones, pero se establece una “Comisión Permanente contra la desinformación” que tendrá la labor de asegurar la coordinación interministerial a nivel operacional en el ámbito de la desinformación.

La nueva Comisión Permanente contra la desinformación será coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación -dirigida por el asesor de confianza de Pedro Sánchez, Iván Redondo-, y contará con la participación directa del Departamento de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y el Gabinete de cooridnación del Ministerio del Interior, entre otros gabinetes del Gobierno.

Críticas en medios y asociaciones

La medida ha tenido un fuerte impacto mediático, siendo noticia en medios como El Confidencial, El Mundo, El País, ABC, Maldita.es o Público entre muchos otros. En prácticamente todos estos medios se pone de relevancia el peligro de que sea el Gobierno quien determine qué es desinformación y el peligro de que lleve a una censura.

La Asociación de Medios de Información (AMI), que integra a varios de los grandes medios de España, ha emitido un comunicado mostrando su “profunda preocupación”. “Este procedimiento podría suponer en la práctica una vulneración del espíritu del artículo 20 de la Constitución, que establece el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, exponen en un comunicado.

La AMI cree que el Gobierno podría estar asumiendo facultades “que solo corresponden al poder judicial”. El comunicado concluye indicando que “la defensa de los derechos fundamentales debe producirse tal y como fueron concebidos en la Carta Magna”.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) también ha mostrado su preocupación. “Cuando el estado es el que se pone a decidir sobre qué es mentira es una situación peligrosa”, expresó el jurista Lorenzo Cotino en declaraciones recogidas por Público. Lla desinformación no es ilegal y está defendida por la libertad de expresión”, añade Joan Barata, jurista de la misma entidad.

La Federación de asociaciones de periodistas (FAPE) ha pedido al Gobierno que aclare las funciones y cometidos de lo que considera “un comité gubernamental”, en tanto que la Asociación de la Prensa de Madrid apunta a que la idea del gabinete de Pedro Sánchez “puede convertirse en censura”.