El 24 de junio de 1980, el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley Orgánica de Libertad Religiosa con 294 votos a favor, cinco abstenciones y ningún voto en contra. El texto de la norma se publicaba el 5 de julio en el Boletín Oficial del Estado, con un primer párrafo en el que se aseguraba que “el Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto”, que “las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley” y que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. 

“Lo que mucha gente ignora es que hubo dos leyes de libertad religiosa”, recuerda Juan Antonio Monroy, histórica figura del protestantismo español que participó de las conversaciones con el Estado desde los últimos años de la dictadura hasta la redacción de los Acuerdos de cooperación en 1992, en referencia a la Ley de Libertad Religiosa de 1967. “La diferencia entre 1967 y 1980 consistía en que la primera fue redactada por el gobierno en tanto que en la segunda hubo consenso”, subraya Monroy, que también destaca la figura de Eduardo de Zulueta, a cargo de la Dirección General de Asuntos Religiosos hasta 1979, como clave para el resultado definitivo de la ley. “Convocó en el Ministerio de Justicia a representantes evangélicos, judíos, musulmanes, testigos de Jehová, budistas, ortodoxos, mormones, bahaíes, anglicanos y un representante de la Iglesia Católica. Escuchó a todos y tuvo en cuenta las opiniones a la hora de poner a trabajar a su equipo”, remarca. 

40 años después de su aprobación, el texto afronta diferentes retos, relacionado también con el desfase contextual. Sin embargo, sigue siendo una cuestión apartada del debate público y político. “No es una prioridad política”, dice el secretario general de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Mariano Blázquez. “Hoy no existe un consenso político semejante a aquel. Hay cierto temor a su modificación”, dice. 

La mala interpretación de la laicidad

Para Xesús Manuel Suárez, secretario general de la Alianza Evangélica Española, el principal impedimento a la hora de implementar la libertad religiosa en España ha sido que “la mentalidad colectiva no ha cortado sus raíces de Trento, de su intolerancia, su imposición de pensamiento único, sus limitaciones para gestionar las diferencias y su querencia por perseguir al diferente”. “España, cinco siglo después [de la Reforma protestante y la Contrarreforma católica] sigue siendo dogmática y tridentina, gobierne la derecha o la izquierda, y no sabe salir del nacionalcatolicismo sin caer en el laicismo dogmatizante”, lamenta Suárez.

A ojos de los tres entrevistados, el debate sobre el modelo de laicidad estatal se ha obviado y ha generado posturas cada vez más radicales y polarizadas en cuanto a la participación del hecho religioso en la vida pública del país. “Las leyes orgánicas están pensadas para el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Lo que se espera de estas normas es que reflejen un consenso en los partidos sobre los derechos y asuntos estructurales del Estado”, señala Blázquez. “La realidad es que no siempre es así y en la legítima oposición y controversia política, en demasiadas ocasiones se han los consensos en determinadas materias, lo cual quita fuerza a la estabilidad del Estado”, añade.

Un hecho al que se suma la realidad de una sociedad en la que el número de personas que se definen ateas ha crecido más de un 7% desde 2010, cuando según el CIS un 7,2% de los entrevistados afirmaban serlo en comparación con el 14,8% de julio de este año.

“España no ha comprendido l protestantismo y por eso no comprende correctamente la laicidad”, apunta Suárez. “Fue la cosmovisión protestante la que estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, que de ninguna manera excluye la fe de la vida pública. El laicismo español es más heredero del tridentismo católico que del sistema de libertades protestante”, dice. 

Sin revisiones previstas a corto plazo

No hay muchas voces en el ámbito del protestantismo español que cuestionen el valor que la ley tuvo en su momento. Con la ley, dice Monroy desde una visión más histórica, “hemos prosperado”. Sin embargo, hoy en día cuesta encontrar a alguna de esas mismas voces que no se muestre a favor de revisar la norma. “La norma es mejorable y necesita una actualización a la realidad actual”, señala Blázquez, que tampoco considera que la regulación deba ser “sustituida”.

“La Ley Orgánica de Libertad Religiosa necesita un desarrollo legal y reglamentario para clarificar algunas cuestiones y dotar de contenido y límites a los derechos y obligaciones dimanantes de esta ley. De este modo podremos apreciar su verdadero potencial que va más allá de ser una declaración o un mero instrumento decorativo en el entramado jurídico vigente”, remarca el secretario general de Ferede.

Para Blázquez, la actualización de la normativa debería llevarse a cabo “mediante leyes ordinarias y de menor rango que sean aprobadas para conformar un verdadero estatuto de las confesiones religiosas”, porque “el desarrollo de esta ley ha sido muy escaso”.

Una necesidad que los entrevistados sitúan lejos de la prioridad de discusión y de la capacidad de cohesión políticas ahora. “Los partidos de centro y de derecha no desean tocar el tema para mantener el sistema actual que, aunque es deficitario en cuanto a la igualdad de trato, piensan que puede beneficiar a la confesión mayoritaria. Por otro lado, algunos partidos de centro y de izquierda han utilizado el tema de la reforma de la ley como una amenaza semejante a un arma arrojadiza, en manos de grupos anticlericales que buscan cambiar todo el sistema e implantar un régimen más laicista que relegue lo religioso al ámbito privado, cercenando de manera importante la participación pública de las confesiones religiosas”, manifiesta Blázquez.

Desde la Alianza Evangélica, Xesús Manuel Suárez también apunta que “sobre la libertad religiosa no hay realmente mucho debate” y considera que todos los partidos con representación parlamentaria “se mantienen en el dogmatismo y la intolerancia en la cuestión religiosa”. “Todos imponen el rodillo cuando tienen poder suficiente y todos niegan el pan y el agua al hereje”, dice. 

Por ello, Suárez insiste en la urgencia de “entrar a fondo en el debate del verdadero significado y las consecuencias políticas de la laicidad” y lamenta que “en 2020 tampoco se ha hecho”. “La laicidad está tan amenazada por el confesionalismo de grupos de derecha como por las amenazas a la libertad de conciencia de grupos de izquierda”, remarca.

Una norma plagada de retos

40 años después de su aprobación, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa ha acumulado muchos retos alrededor de su función. Suárez ubica en la máxima prioridad la “clarificación del significado de laicidad”. “Los protestantes defendemos la laicidad y combatimos el laicismo. La sociedad española necesita un cambio de mentalidad que descubra el lugar de la fe en la arena pública y el respeto a las esferas de soberanía de las iglesias y el Estado. Ese cambio requiere un debate social y político abierto al que los protestantes tenemos mucho que aportar”, señala. 

Para ello desde la Alianza Evangélica insisten en que “los evangélicos debemos defender la laicidad de palabra y de hecho”, y recuerdan algunas medidas que, como entidad, han emprendido. Por ejemplo, la renuncia a toda subvención del Estado por el hecho de ser una entidad religiosa. En este sentido, tampoco se muestran a favor de la casilla del IRPF en la declaración de la renta porque “no es congruente que el Estado actúe como recaudador para las instituciones religiosas”, dicen.

Desde Ferede consideran que un reto también importante tiene que ver con “la invisibilidad pública y social de los cristianos evangélicos” y con “el mantenimiento de estereotipos históricos sobre los protestantes”. “Necesitamos superar nuestro individualismo para hacer proyectos de unidad que mejoren nuestra imagen y nos permitan ser más operativos en la lucha contra los males sociales que nos afectan como sociedad”, añade Blázquez, que también hace una referencia a “la injerencia en las religiones de la presión de grupos de laicismo agresivo y del grupo de presión LGTBI”.

Para Monroy, la principal necesidad es “mantener los derechos que corresponden a los protestantes garantizados por los Acuerdos con el Estado”, en 1992. Además, se pregunta adónde han ido a parar todas aquellas personas que han dejado de identificarse con el catolicismo. “¿Dónde están? En nuestras iglesias, desde luego, no. No es poco reto”, asegura.