La polémica en torno a las declaraciones de la ministra de Educación Isabel Celaá sigue generando respuestas desde diversas entidades sociales, políticas y educativas.

En el ámbito evangélico, este martes se ha pronunciado el Consejo Evangélico de Murcia, en un comunicado en el que muestran su “profunda preocupación y disconformidad” con las palabras de Isabel Celaá referidas a los derechos fundamentales de padres e hijos.

La ministra hizo estas declaraciones en el contexto de la reclamación que el Gobierno envió al Gobierno regional de Murcia, por la aplicación del “pin parental” desde este curso. Este sistema permite que los padres puedan retirar a sus hijos de las actividades extracurriculares que se impartan en los colegios con las que no estén de acuerdo por su contenido moral o ideológico.

Para el CEMU, son los padres quienes “tienen el derecho de educar a sus hijos según sus convicciones éticas y morales, y siendo este un derecho Constitucional, no puede ni debe estar sujeto a políticas de turno ni a planteamientos ideológicos”. 

Es por ello que entienden que los padres deben ser previamente informados de “las charlas que incluyan competencias no curriculares que se desarrollen en horario lectivo” para así “poder valorar si dicha actividad atenta contra la formación moral claramente protegida por la Constitución”.

El Consejo Evangélico añade que “ningún Estado democrático debe atribuirse la patria potestad de los hijos, cuando los padres están activos en esta labor y pueden ejercerla”.

CEMU: “La familia es anterior en el tiempo y en importancia al mismo Estado”

En cuanto al supuesto conflicto entre el derecho a la educación y la patria potestad, el comunicado afirma que los hijos “son responsabilidad directa de los padres por tres principios”. En primer lugar, “el natural”, dado que son los padres quienes “alimentan y cuidan desde el principio” a los hijos y “son responsables de proveerles todos los elementos necesarios para su desarrollo y madurez. El Estado es facilitador a través de los recursos proveniente de los impuestos de todas las personas y familias, puesto que el mismo, no es productor de recursos, sino sólo administrador de esos impuestos”.

En segundo lugar, se apunta al principio “divino” dado que las “Sagradas Escrituras afirman a los padres como responsables directos de sus hijos proveyéndoles información y consejo para el desempeño de esa tarea. Nunca concede ese atributo al Estado. La familia es totalmente anterior en el tiempo y en importancia al mismo Estado”. 

Finalmente, señala al principio “social y político” dado que las leyes “atribuyen a los padres, como tutores, la patria potestad sobre los hijos, amparando el derecho parental de su educación y formación tanto moral, como religiosa tal y como está recogido en la Constitución Nacional; Artículo 27:3 y en la Declaración universal de los Derechos Humanos. Artículo 26:3”. 

El comunicado ha sido firmado por Ángel Zapata, presidente del Consejo Evangélico de Murcia.

Ferede pide no dinamitar la confianza entre padres y escuela

También la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) lanzó este lunes un comunicado sobre “el debate de la pertenencia de los hijos”. 

Para Ferede es “desafortunado sugerir desde el Gobierno, de manera directa o indirecta, que “el Estado debe proteger a los niños de sus padres”, o, desde la oposición y otros sectores de la sociedad, que “los padres tienen que proteger a sus hijos del Estado”, ya que eso dinamita la confianza y nos perjudica a todos, empezando por los niños, que se convierten en la principal arma arrojadiza de este falso debate”.

Dice Ferede que “nadie puede seriamente poner en duda el vínculo natural y el sentido de pertenencia mutua que existe entre padres e hijos” así como tampoco se puede dudar que “corresponde a los padres antes que a ninguna institución el deber y el privilegio de protegerles y proporcionarles todo lo necesario para su sano y feliz desarrollo, entre otras cosas el cuidado de su salud y la mejor educación posible”.

Ferede: “Los niños se convierten en arma arrojadiza de este falso debate”

Esta “patria potestad”, afirma el comunicado, es “reconocida por le Estado, la Constitución y toda la normativa internacional”, añade que los padres “no están solos, sino que cuentan para esa importante tarea con la ayuda del Estado, que velará por la educación del niño garantizando el acceso de todos a una educación pública o privada de calidad”.

“Padres y Estado se reconocen unos a otros socios y colaboradores necesarios para la satisfacción de los derechos fundamentales de los niños”, expone Ferede.

Finalmente, desde la Federación se pide a “Gobierno y oposición que se cuiden mucho de sembrar la desconfianza entre el Estado y los ciudadanos; en este caso, entre la Escuela y los padres”. El comunicado ha sido firmado por Daniel Rodríguez (presidente) y Mariano Blázquez (secretario ejecutivo).