En 2018 se registraron 57 delitos de odio contra los cristianos en España

El año pasado, en España se registraron 57 delitos de odio contra los cristianos, según datos de la sociedad civil y de organizaciones internacionales recopilados por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en su informe anual sobre crímenes de odio. De estos, 50 fueron contra lugares de culto y propiedades, 5 fueron ataques violentos contra personas y 2 de los casos se trataron como amenazas. 

“Que la cristiana sea la religión más atacada indica claramente que los cristianos son discriminados e incluso a veces son atacados físicamente de forma violenta, y sus iglesias sufren vandalismo y profanaciones continuamente”, ha asegurado la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, María García. El documento también recoge 29 actos contra musulmanes y 9 de carácter antisemita.

Según los datos de la policía española, recogidos por el Ministerio de Interior, el total de delitos de odio contra creencias religiosas ascendió a 69, un 33% menos que en 2017. 

LA IDENTIDAD RELIGIOSA, QUINTA VÍCTIMA DE LOS DELITOS DE ODIO

Las creencias religiosas son el quinto objetivo de los delitos de odio registrados en España y que, según la OSCE, son en su mayoría contra la población cristiana. El primer lugar en la lista de las víctimas lo ocupa la ideología política, que en 2018 fue motivo de 596 delitos de odio. Un 33,6% más que en 2017.

Le siguen los crímenes racistas y xenófobos, con 531 casos registrados, un 1,3% más que el año anterior, y contra la orientación sexual, con 259 hechos reportados, 130 según la OSCE, lo que supone un 4,4% menos que en 2017.

La discriminación por sexo o género sería la cuarta motivación principal de los delitos de odio registrados en España, con 71 casos en 2018, un 102,9% más que el año anterior, y después vendrían las acciones contra creencias y prácticas religiosas. 

En el informe del Ministerio de Interior destaca que también han crecido la aporofobia, las acciones contra las personas en situación de pobreza, un 27% respecto a 2017, y los delitos de odio contra personas con discapacidad, un 8,7%.