La ley de la eutanasia, cerca de su aprobación, se convierte en un debate politizado

El Congreso de los Diputados debatirá y votará el próximo 25 de octubre la propuesta de ley sobre la eutanasia que presentó en junio el PSOE. A grandes rasgos, la aprobación del borrador supone despenalizar esta práctica registrada en el artículo 143 del Código Penal y sufragarla cómo un servició común más del Sistema Nacional de Salud. 

Una propuesta que tiene muchas opciones de salir adelante, puesto que cuenta con los votos asegurados de 178 escaños, tres por encima de la mayoría absoluta, correspondientes a los grupos del PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, Esquerra Republicana, PNV y Nueva Canarias.

LA EUTANASIA, UNA FUENTE DE LA QUE EXTRAER VOTOS

El vacío legal en cuanto al tratamiento en el final de la vida del paciente en España, más allá del registro de un artículo en el Código Penal, se ha convertido en un escenario para hacer política. Algunos de los partidos más grandes del Estado buscan presentar una fórmula que luego se traduzca en rédito electoral. Y es que, un estudio de este año publicado por la Revista Española de Investigaciones Sociológicas asegura que el 58% de la población está a favor de despenalizar la eutanasia, mientras que sólo un 10% se manifiesta contraria. 

El gran enigma ante la votación de la ley del PSOE lo protagoniza Ciudadanos. La formación naranja había presentado antes, en marzo, una propuesta de ley para la muerte digna que hace especial hincapié en los cuidados paliativos. Sin embargo, en junio votó a favor de la tramitación de la ley presentada por el grupo socialista. Ahora ha condicionado su apoyo al proyecto a que se apruebe antes su documento. 

La gran sorpresa, sin embargo, la ha protagonizado el PP. Reacio a debatir esta cuestión en su etapa de gobierno, y siendo uno de los pocos grupos que votó en contra de la tramitación de la ley socialista en junio, juntamente con Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro, la formación dirigida ahora por Pablo Casado ha presentado enmiendas a la totalidad de la ley que se votará la próxima semana. Uno de los puntos clave de la alternativa de los populares es que abren la opción de la eutanasia a las personas con “una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado”. También recogen la posibilidad de hacerlo tanto a través de la sanidad pública como de la privada e incluyen la opción de la objeción de conciencia para los profesionales que no quieran participar en este proceso. El PP, que sigue manifestándose en contra de la aprobación de la eutanasia, plantea su propuesta como una modificación del artículo en cuestión del Código Penal con el objetivo de acercarse a Ciudadanos. 

LA POSICIÓN DE LA ALIANZA EVANGÉLICA

“El gobierno plantea la ley como la primera iniciativa legislativa, cuando hay otras claramente más urgentes y prioritarias. La ley aborda un tema que requiere un amplio consenso, porque las cuestiones del final de la vida deberían estar por encima de tendencias ideológicas, y evidente que no se da”, manifestó el vicepresidente del grupo de Participación Pública de la Alianza Evangélica Española, Xesús Manuel Suárez, poco después de la votación en junio. 

La entidad no sólo ha cuestionado el proyecto de ley, al que ya catalogó de "oportunista", sino también la actitud de la sociedad en esta materia. “La sociedad está fracasando en el terreno del apoyo al paciente frágil, vulnerable y angustiado, y de esto no tiene la culpa el gobierno”, remarcaba Suárez. “La familia está renunciando a ejercer su función en el apoyo humano a sus miembros necesitados de este soporte”.
 

ESPAÑA, UNO DE LOS POCO PAÍSES DONDE SE PERMITIRÍA LA EUTANASIA

En caso de aprobarse la ley del PSOE, que en septiembre del año pasado se posicionó en contra de un propuesta sobre la eutanasia de Unidos Podemos, España se convertiría en uno de los pocos países europeos donde se permite esta práctica, juntamente con Bélgica, Países Bajos o Suiza. 

El documento socialista incluye en la opción de la eutanasia a las personas de nacionalidad española o residentes en el Estado, y contempla la práctica en casos de “enfermedad grave incurable” y “discapacidad grave crónica”. También exige la evaluación de dos profesionales, el médico habitual  y otro adicional, como requisito previo para solicitar el proceso, y permite la objeción de conciencia, aunque matizando que se debe presentar por escrito a la Administración. 

Según la Organización Médica Colegial, 120.000 enfermos terminales mueren cada año en España, la mitad de los cuales lo hace sin cuidados paliativos.