Provida reclaman al TC resolver el recurso contra la ley Aído

Varias entidades provida han presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional en el que expresan su “escándalo” ante el hecho de que el TC no haya resuelto todavía el recurso presentado por el Partido Popular contra la conocida como “Ley Aído” sobre el aborto, el cual fue presentado en el año 2010.

“Es escandaloso que el Tribunal Constitucional, que tiene que garantizar la aplicación de la Constitución, conviva durante cinco años, sin hacer nada, con una ley que tiene profundas apariencias de inconstitucionalidad”, expresan las entidades firmantes, unas cuarenta, unidas bajo las plataformas Sí a la vida y Cada Vida Importa, que celebraron el pasado 14 de marzo una manifestación en Madrid.

El escrito de reclamación fue entregado en la sede del Constitucional por Alicia Latorre, Presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida; Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia; Antonio Torres, Presidente de la Fundación RedMadre; y Susana Macías, Directora de la asociación Árbol Esperanza de Vida.

UNA RESOLUCIÓN DE CARÁCTER “PRIORITARIO”

“El Tribunal Constitucional no sólo se está retrasando, está incumpliendo sus propias resoluciones”, subraya Benigno Blanco. “Al amparo de esta ley se están produciendo todos los años decenas de miles de abortos que a lo mejor un día son declarados inconstitucionales, pero el daño causado ya será irreparable”, mantiene el presidente del Foro Español de la Familia.

Por este motivo, los firmantes del escrito exigen al Constitucional que aplique su propia declaración sobre el carácter prioritario de este recurso. En el Auto 90/2010 de fecha 14 de julio de 2010, el TC señalaba: “Este Tribunal Constitucional dará carácter prioritario a la tramitación y resolución del presente recurso”. También han solicitado al TC que “dé públicas y motivadas explicaciones a través de resolución formal de por qué, hasta el presente, no ha respetado la prioridad acordada”.

Piden también que el TC “establezca en su Sentencia que la vida humana debe ser protegida por la ley sin excepciones de ningún tipo conforme al todos tienen derecho a la vida que prescribe el artículo 15 de la Constitución y declare que los no nacidos son también uno de nosotros, cuya vida debe ser respetada como la de los ya nacidos”.

CAUSAS POLÍTICAS, DICEN LOS FIRMANTES

Para el presidente del Foro de la Familia, “la decisión de no tramitar el recurso es claramente política, porque la jurídica la fijaron ellos” al declarar el recurso preferente mediante el auto 90/2010 de 14 de julio. “No sé si se hace de forma autónoma o por presiones”. Ante los medios, el Presidente del Foro Español de la Familia ha refutado las causas del retraso citadas hace unos días en la prensa por el Presidente del Tribunal Constitucional: que ha habido y hay reformas en trámite sobre la ley, y que 2015 es un año electoral con el cual el TC no quiere interferir.

Esas causas “no están previstas en la ley del Tribunal Constitucional y van contra el auto que declara preferente el asunto –ha aclarado Blanco–. El Constitucional no tiene porqué subordinarse a la agenda política del Parlamento. Si no, cualquier grupo parlamentario podría hacer que no dictasen sentencia sobre ningún tema presentando una proposición modificando una línea de cualquier ley. Es absurdo. Y estamos en año electoral porque lleva cinco años parado. No puedes tener un asunto parado cinco años y luego, porque estamos en año electoral, no dictar sentencia. No son argumentos serios ni admisibles en derecho”.

En el escrito, se subraya que “en estos cinco años” desde que el Tribunal consideró preferente el recurso sobre la ley Aído, “el TC ha dictado gran cantidad de sentencias sobre asuntos no declarados prioritarios e incluso interpuestos años después del que fue declarado prioritario. En concreto, desde el 14 de julio de 2010”, el Constitucional “ha dictado 1.029 sentencias”, además de “cientos de otras resoluciones en un sinfín de casos no declarados prioritarios”.

“Dicho muy suavemente –continúa el escrito–, el Constitucional parece que no tiene criterios objetivos para decidir qué recursos afronta y cuáles encierra en un cajón sin expresa motivación jurídica de ningún tipo. Este tipo de conducta, en cualquier Administración pública o Tribunal que no fuese el TC, tendría un nombre: arbitrariedad. ¿Cómo es posible que el TC, máximo garante de nuestro Estado de Derecho, pueda hacer –con naturalidad y sin explicación motivada alguna– lo que él mismo censuraría en el resto de los poderes públicos cuya actuación revisa?”. Por ello consideran que la no resolución es “un golpe mortal al Estado de Derecho”.