El Gobierno plantea una reforma de la ley del aborto de mínimos

La reforma de la ley que se llevó por delante al ministro de Justicia en septiembre vivirá un nuevo capítulo en el Parlamento tras la presentación de una Proposición de ley por parte del Grupo Popular para que se debatan dos propuestas, la principal de ellas, la obligación de contar con el consentimiento paterno para abortar en el caso de chicas menores de edad de 16 y 17 años.

Se trata de una Reforma que queda muy lejos de la propuesta inicial presentada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la cual generó una polémica en el seno del Gobierno, llegando al punto de retirar el anteproyecto sin que llegase siquiera a debatirse en el hemiciclo.

Esta nueva proposición de ley Orgánica suprime la posibilidad de que las menores de edad (16 y 17 años) puedan prestar el consentimiento por sí solas, sin informar siquiera a sus progenitores. En la exposición de motivos se explica que “para la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de edad será preciso, además de la manifestación de su voluntad, el consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad”.

Además, se hace una remisión al Código Civil, a fin de solucionar cualquier tipo de conflicto que surja al prestar el consentimiento por los representantes legales o cuando la decisión de estos pueda poner en peligro el interés superior del menor.

DOCUMENTO EVANGÉLICO SOBRE LEY DEL ABORTO

Cuando el gobierno presentó su anteproyecto de ley, tres entidades evangélicas – Alianza Evangélica Española, Unión Médica Evangélica y Enfermería Cristiana – presentaron un documento en el que analizaban esta iniciativa y sugerían propuestas para afrontar el problema del aborto.

En declaraciones a Protestante Digital, la responsable de la Comisión de Bioética de la AEE, Carmen Medina Castellano, nos explica que este documento fue “un pronunciamiento en el que se expresaba un compromiso” con la vida “similar los pronunciamientos hechos por la Alianza anteriormente. Consideramos que la vida humana tiene valor desde el momento de la fecundación. En esa medida, la vida debe ser protegida desde su origen”, explica Carmen Medina.

Con respecto a la ley del aborto, considera asimismo que la actual y la reforma propuesta no son suficientes para abordar el problema. “Una de las críticas a la ley era que la protección debe hacerse de forma práctica y operativa, adoptando otras medidas legislativas que no solo consistan en prohibir el aborto”, comenta Carmen Medina. “Medidas legislativas que se dirijan a permitir la conciliación de la vida familiar y laboral, que permitan que las familias que tienen algún hijo con discapacidad reciban un apoyo práctico y real, que no vivan en una situación parecida a la caridad de tiempos pasados. Hay medidas que deberían adaptarse ningún gobierno ha promovido de forma eficaz, que dé respuestas a los problemas de familias que tal vez se plantearían continuar adelante con embarazos que saben que tendrán problemas o que tengan dificultades económicas. Si no damos esa ayuda, si desde el punto de vista legislativo no se promueve, mala será cualquier ley del aborto que se plantee”, concluye.